El Comandante General de la Policía Nacional del Perú, general Víctor Zanabria Angulo, anunció en una conferencia realizada en Trujillo que al menos 20 personas han sido identificadas como presuntos responsables del asesinato de 13 vigilantes en una bocamina ubicada en la provincia de Pataz, en La Libertad, el pasado 2 de marzo.
Según detalló, los implicados habrían participado tanto en el ingreso armado a la mina como en la planificación del ataque desde otras ubicaciones. De acuerdo con las investigaciones policiales, el motivo del crimen no sería únicamente el robo de mineral, sino una disputa por el control territorial en la zona donde operan los socavones.
Las identidades de los presuntos involucrados aún no han sido reveladas, ya que los agentes continúan realizando operativos en la zona del crimen para recopilar evidencias, como casquillos de bala, huellas y otros indicios forenses que respalden el avance de la investigación.
El general también señaló que en la provincia de Pataz se ha identificado la operación de cinco organizaciones criminales con fuerte dominio en el territorio, particularmente en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, donde se encuentran los principales yacimientos mineros. Asimismo, se tiene registro de unas 14 bandas delictivas que actúan de manera esporádica, involucradas en actividades como el “chalequeo” (cobro por protección) y la extorsión en diversas zonas de extracción de mineral.
El consejero regional de La Libertad, Luis Rodríguez, alertó sobre la falta de control frente al avance de la minería ilegal en la provincia de Pataz. Según manifestó, la comisión regional de Energía y Minas no se ha vuelto a reunir desde que su presidente fue removido del cargo, lo que ha impedido el desarrollo y ejecución de un plan de acción para abordar esta problemática.
En declaraciones a Sol TV, Rodríguez lamentó que, pese a la reciente matanza de 13 personas en una bocamina, aún no se haya implementado una estrategia integral de intervención en la zona. Sostuvo que la violencia ha escalado debido a la presencia del oro, y criticó al Gobierno por su falta de respuesta ante la gravedad de la situación.
Asimismo, indicó que actualmente existen alrededor de 15 mil mineros informales en proceso de formalización en la región. Por ello, remarcó que la única vía para lograr una minería responsable es mediante procesos serios de formalización y capacitación dirigidos a quienes laboran en el sector.
Finalmente, hizo un llamado al Ministerio de Energía y Minas para que asuma un papel más proactivo en Pataz, con presencia directa en el territorio y acciones concretas que ayuden a evitar nuevos hechos de violencia.
Rechazan estado de emergencia en Pataz
La declaratoria de estado de emergencia en Pataz, tras el asesinato de 13 vigilantes en una bocamina, ha sido cuestionada por autoridades locales y líderes sociales. El Ejecutivo estableció desde el 9 de mayo un toque de queda de 6 p. m. a 6 a. m. en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, además de ordenar la paralización total de la actividad minera y el despliegue de las Fuerzas Armadas. No obstante, estas acciones han sido consideradas excesivas, ya que afectan a la población que depende de la minería artesanal para su sustento.
Tanto el consejero regional de La Libertad, Luis Rodríguez, como el presidente de las rondas campesinas de Pataz, Santos Quispe, criticaron la medida por castigar a miles de familias sin enfrentar el origen del conflicto. Según precisaron, cerca de 17 mil hogares se han visto perjudicados por la suspensión de actividades, mientras que las grandes compañías mineras continúan operando con normalidad. También alertaron que el Gobierno está equiparando de forma errónea la minería informal con actividades criminales, lo que podría intensificar la tensión social en la zona.
