El Gobierno del Perú, encabezado por la presidenta Dina Boluarte, ha decidido observar la autógrafa de ley que establecía sanciones para la venta ambulatoria y la activación ilegal de chips de celulares. Esta ley, aprobada por el Congreso el pasado mes de abril, contemplaba penas que iban desde uno hasta nueve años de prisión para quienes comercializaran o activaran estos dispositivos sin la debida autorización.
La decisión del Ejecutivo ha generado un amplio debate, especialmente considerando las numerosas denuncias de extorsiones y amenazas que han surgido en el país, muchas de las cuales utilizan chips ilegales. Según la propuesta, los infractores que activaran una SIM card sin el consentimiento del titular enfrentarían penas de entre cuatro y ocho años de cárcel. Además, quienes facilitaran o comercializaran chips de manera ilegal podrían ser castigados con penas de hasta nueve años.
El Gobierno ha expresado que su postura se basa en preocupaciones sobre la posible criminalización de personas que poseen chips de manera accidental o sin intención delictiva. Boluarte argumentó que aplicar sanciones penales podría afectar a ciudadanos inocentes, lo que contravendría principios legales fundamentales como la culpabilidad y la mínima intervención del derecho penal.
A pesar de la gravedad del problema de las extorsiones, el Ejecutivo sostiene que la legislación existente, específicamente la Ley n° 31839, ya prohíbe y sanciona administrativamente la venta no autorizada de servicios móviles. El Gobierno enfatiza que la solución a la informalidad en el comercio no debe ser la persecución penal, sino la promoción de la formalización y la aplicación de sanciones administrativas que, según indican, ya han sido efectivas, con multas superiores a 65 millones de soles impuestas entre 2020 y 2024.
Las críticas hacia esta decisión no se han hecho esperar. Exfuncionarios, como el exministro del Interior Rubén Vargas, han señalado que la falta de acción legislativa es preocupante, dado que más de cinco millones de peruanos son víctimas de extorsiones. Vargas y otros críticos argumentan que la ley observada era un paso necesario para combatir este problema creciente.
