A casi dos años de dejar el poder, las investigaciones fiscales por presuntos delitos cometidos por el expresidente Pedro Castillo durante su mandato están estancados en el Congreso de la República. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), encargada de revisar las denuncias presentadas por el Ministerio Público, acumula cinco expedientes sin dictamen, impidiendo que la justicia avance.
El caso más antiguo es el de los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, presentado en agosto de 2023. Aunque en marzo de 2024 se otorgó un plazo oficial para su investigación, el expediente permanece congelado. En este caso, se acusa a Castillo y a su exministro Walter Ayala de encabezar un esquema de cobros ilegales para beneficiar a ciertos oficiales.
A esta denuncia se suman otras cuatro por hechos como nombramientos irregulares, uso indebido de aeronaves del Estado con fines personales y, más recientemente, presuntos sobornos a cambio de mantener a ministros en el cargo. La última fue presentada en mayo por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien acusa al expresidente y a su entorno familiar de recibir pagos del exministro Geiner Alvarado.
La falta de celeridad es evidente en todos los casos. Tras ser admitidas, las denuncias se congelan por meses en la SAC. Incluso cuando se otorgan plazos formales para las investigaciones como en los casos del exministro Daniel Salaverry o el viaje familiar en aeronaves de la Fuerza Aérea, el Congreso no impulsa las diligencias necesarias.
Un ejemplo de esta lentitud es el caso del viaje a Cajamarca en octubre de 2021, en el que Castillo habría usado recursos del Estado para fines personales. Aunque la denuncia fue admitida a trámite, la Comisión Permanente rechazó otorgar el plazo requerido para investigar, dejando el caso paralizado sin explicación.
En contraste, el Congreso sí actuó con rapidez en otros procesos, como en el caso del fallido golpe de Estado en diciembre de 2022 y en la investigación por el caso Puente Tarata. Gracias a esas aprobaciones, la Fiscalía pudo solicitar prisión preventiva y abrir juicio contra Castillo.
Sin embargo, en el resto de investigaciones, la falta de voluntad política es notoria. Mientras no se levante el antejuicio político, la Fiscalía no puede iniciar la etapa de investigación preparatoria, clave para llevar los casos a juicio. Mientras tanto, otros implicados, como el exministro Juan Carrasco, ya enfrentan procesos en etapa de control judicial.
La demora del Congreso compromete su rol fiscalizador y abre la puerta a cuestionamientos sobre su real disposición para combatir la corrupción. Mientras el Legislativo dilata decisiones, la posibilidad de justicia contra Pedro Castillo sigue atrapada en un laberinto político sin salida.
