En lo que va del actual periodo legislativo, el Congreso de la República ha impulsado una ofensiva sin precedentes al presentar y someter a votación un total de 16 mociones de inhabilitación dirigidas contra altos funcionarios y exautoridades del Estado peruano. Esta arremetida parlamentaria ha puesto en la mira a figuras clave del escenario político reciente, como los expresidentes Francisco Sagasti y Martín Vizcarra, así como a los exjefes del gabinete Salvador del Solar, Vicente Zeballos y los exministros José Élice, Rubén Vargas y Víctor Zamora. La ofensiva también alcanza a siete exintegrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) —órgano vital para la designación y evaluación de jueces y fiscales— y a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Un Congreso en busca de inhabilitaciones: ¿justicia o persecución?
La reciente aprobación de un informe que recomienda la inhabilitación de Francisco Sagasti por diez años ha generado una ola de reacciones. La acusación se centra en la emisión de resoluciones supremas que dispusieron el pase al retiro de 19 altos oficiales de la Policía Nacional del Perú. La Comisión Permanente del Congreso aprobó esta medida por mayoría, con 18 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Sin embargo, el informe no logró los 67 votos necesarios en el Pleno para su ratificación, debido a ausencias de congresistas y a una cuestión de orden presentada por el congresista Roberto Sánchez, que declaró la prescripción del caso contra Del Solar.
En paralelo, se han presentado denuncias constitucionales contra Martín Vizcarra y sus exministros por la disolución del Congreso en 2019. El congresista Héctor Ventura, delegado en este caso, presentó un informe que propone inhabilitar a Vizcarra por diez años y a Del Solar y Zeballos por cinco años. Sin embargo, nuevamente, la falta de consenso en el Pleno impidió la aprobación de estas inhabilitaciones.
Reacciones políticas y cuestionamientos al proceso
La aprobación de estas inhabilitaciones ha generado diversas reacciones en el ámbito político. El expresidente Pedro Cateriano calificó el intento de inhabilitación de Sagasti como una «acción propia de la dictadura de Maduro», sugiriendo que se trata de una estrategia para eliminar adversarios políticos de cara a las elecciones de 2026. Por su parte, la periodista Rosa María Palacios señaló que la motivación real detrás de la inhabilitación no radica en las acciones de Sagasti, sino en su simbolismo como figura que representa la derrota de Merino y un recordatorio incómodo de un episodio oscuro del Congreso.
Además, la presidenta Dina Boluarte ha defendido la autonomía de la JNJ y ha expresado su preocupación por la eventual remoción de sus miembros, argumentando que esto generaría «debilidad» e «inestabilidad» en las instituciones del Estado. Boluarte enfatizó la importancia de respetar el Estado de derecho y el debido proceso en el marco constitucional.
Implicancias para la democracia y el futuro político
La serie de inhabilitaciones impulsadas por el Congreso plantea interrogantes sobre el uso de las instituciones como herramientas de persecución política. En una democracia sólida, las decisiones legislativas deben ser transparentes, imparciales y orientadas al bien común. Cuando el Congreso recurre a inhabilitaciones selectivas, corre el riesgo de socavar la confianza pública y perpetuar la polarización política. Es crucial que este tipo de medidas sean evaluadas con rigor y que el derecho a la defensa de los acusados sea respetado para evitar que se conviertan en armas políticas.
En conclusión, el Congreso del Perú se enfrenta a un dilema: utilizar su poder para fortalecer la institucionalidad democrática o emplearlo como una herramienta de venganza política. La forma en que se resuelvan estos casos sentará un precedente importante para el futuro de la política peruana y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
