El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, comunicó que el Gobierno ha decidido delegar al sector privado la responsabilidad de administrar y vigilar los accesos a los centros penitenciarios, medida que se toma luego de la reciente fuga de un interno del penal de San Juan, ubicado en San Juan de Lurigancho.
Durante su intervención ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Arana precisó que esta iniciativa comenzará en los establecimientos penitenciarios que presentan mayores niveles de riesgo y conflictividad.
“En los próximos días estaremos aprobando un Decreto de Urgencia que permitirá someter esta labor al interés de la inversión privada, para que una empresa pueda encargarse del control y supervisión del ingreso y salida de personas en los penales”, manifestó.
Asimismo, el ministro indicó que el Decreto permitirá lanzar un concurso público orientado a que el sector privado colabore con el Estado en esta tarea clave para reforzar la seguridad en los penales.
Los penales quedarán sin acceso a señales externas de telefonía.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, señaló que el reglamento de la ley que establece las obligaciones y sanciones para las compañías de telecomunicaciones impedirá que los centros penitenciarios cuenten con señal telefónica externa.
Asimismo, indicó que la presidenta Dina Boluarte firmará hoy el reglamento del Decreto Legislativo N.º 1688, el cual asigna a las empresas operadoras la responsabilidad del control de las señales electromagnéticas, lo que impedirá que se emitan señales dentro de los penales.
“Hoy, junto con la presidenta, firmaremos el reglamento que asegurará que los penales queden sin señal externa. La responsabilidad será de las operadoras”, expresó el ministro.
