Cinco fiscales titulares del Ministerio Público presentaron una denuncia penal contra el jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC), Juan Antonio Fernández Jerí, por una serie de presuntos delitos relacionados con su accionar al frente de la institución. La denuncia fue interpuesta ante la fiscal de la Nación
Entre los denunciantes se encuentra el fiscal José Domingo Pérez, suspendido por seis meses en el marco del caso Lava Jato. Lo acompañan Fany García Caro, Rocío Vences Gonzales, Yesenia Saldarriaga Lores de Bacon y Juan Ander Alvites Llanos.
Los fiscales acusan a Fernández Jerí de los presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, prevaricato, falsedad ideológica y falsedad genérica, de acuerdo con los artículos 361, 376, 377, 418, 428 y 438 del Código Penal.
Según el documento presentado, el jefe de la ANC viene imponiendo sanciones sin el respaldo de un reglamento disciplinario debidamente publicado en el diario oficial El Peruano ni en la plataforma digital oficial del Estado peruano. Este hecho, según los denunciantes, genera un “régimen arbitrario e inconstitucional” que atenta contra los derechos de inamovilidad y permanencia de los fiscales establecidos en la Ley de Carrera Fiscal.
“La Autoridad Nacional de Control ha creado un sistema sancionador que no garantiza el debido proceso ni la legalidad de las medidas impuestas”, señalaron. Además, advirtieron que otros funcionarios del órgano de control también estarían incurriendo en el delito de prevaricato al ejecutar procesos disciplinarios inválidos.
Los magistrados denuncian que, lejos de fortalecer el sistema judicial, las acciones de Fernández Jerí estarían siendo utilizadas para debilitar el trabajo de fiscales anticorrupción. En los últimos dos años, más de 4,300 fiscales habrían sido sancionados por esta instancia, sin mejoras visibles en el desempeño institucional.
Esta denuncia penal se suma a las críticas que ya enfrentaba el jefe de la ANC por la suspensión de la fiscal Marita Barreto, también miembro de equipos especiales contra la corrupción, y ahora por el caso de José Domingo Pérez. Ambos señalan que sus sanciones responden a motivaciones políticas y no disciplinarias.
