El Ministerio Público ha realizado cambios significativos en el equipo que investiga las muertes y heridos durante las protestas sociales de 2022 y 2023, en las que se exigía la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Nueve fiscales que venían llevando estos casos fueron reemplazados por nuevos integrantes que, en su mayoría, carecen de experiencia en derechos humanos, un perfil considerado crucial para abordar las graves denuncias de represión estatal. Esta decisión ocurre poco después de que Rosario Isabel Quico Palomino, también sin trayectoria en este tipo de investigaciones, fuera nombrada como coordinadora del equipo especial de fiscales.
Rosario Quico, quien asumió el cargo en sustitución de la fiscal Raquel Cárdenas Manrique, reconoció durante su entrevista ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que su experiencia se ha centrado en casos de corrupción, y no en derechos humanos. A pesar de ello, fue designada no solo como coordinadora del equipo que aborda los hechos de violencia en protestas, sino también de la Fiscalía Superior Penal Nacional y de las fiscalías especializadas en delitos de terrorismo. La fiscal Cárdenas lideró las investigaciones durante dos años, trabajando en los procesos abiertos por el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado.
Entre los nuevos fiscales asignados figuran Carlo Antonio Atocha Castro, cuya experiencia se centra en violencia familiar y feminicidio, y Marcelo Alejandro Fernández Vásquez, especializado en corrupción de funcionarios y lavado de activos. También fueron nombrados Alberth Fernández Salazar, quien posee formación académica en derecho penal y gestión pública, pero sin experiencia en derechos humanos, así como Tania Griselda Loyaga Flores y Katherine Fiorella Delgado López, quienes han acreditado apenas cursos básicos en derecho constitucional y derechos humanos.
La falta de trayectoria en este campo de los nuevos fiscales podría derivar en un serio retraso de las investigaciones sobre las muertes durante las manifestaciones, procesos en los que incluso la propia presidenta Boluarte es investigada. Especialistas advierten que el debilitamiento del equipo especializado afectaría el avance de casos que también incluyen denuncias históricas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, competencia de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Terrorismo y Delitos Conexos.
