La exministra Betssy Chávez vivió un momento de tensión durante la audiencia del 25 de abril en el juicio que enfrenta por el presunto delito de rebelión, un caso que también involucra al expresidente Pedro Castillo y al exministro Aníbal Torres. En esta sesión, la jueza Norma Carbajal realizó preguntas sobre las contradicciones en las declaraciones del testigo Jesús Pérez Pérez, un técnico de la Policía Nacional. Estos cuestionamientos provocaron la reacción inmediata de las defensas, quienes argumentaron que la jueza estaba tomando un «adelanto de opinión», lo cual podría comprometer la imparcialidad del proceso.
El abogado de Betssy Chávez fue el primero en alzar la voz, señalando que la jueza estaba cruzando límites al formular preguntas que deberían ser discutidas únicamente entre las partes litigantes. “Usted está haciendo la contradicción de una pregunta que he formulado y eso es cuestión de litigio de partes, no de los jueces”, subrayó, defendiendo la integridad del juicio.
En un giro notable, Chávez solicitó la palabra para complementar lo expresado por su abogado. Con firmeza, manifestó: “Quiero que quede constancia que usted magistrada está tomando el rol del Ministerio Público y no me parece que sea la forma correcta de llevar esta audiencia”. Sus palabras reflejaron una clara preocupación por la dirección del proceso y la posible influencia que podría tener la jueza en el resultado del juicio.
La exministra continuó enfatizando que, además de las preguntas inadecuadas, había habido retrasos en el proceso debido a la actitud de la jueza. “Considero también que hemos presentado varios retrasos por parte del presidente Pedro Castillo porque usted tiene una acusación de adelantar opinión. […] usted no es la fiscal”, reiteró Chávez, cuestionando la autoridad de la jueza y demandando una mayor neutralidad en su papel.
Este enfrentamiento no solo pone de relieve la tensión dentro del juicio, sino que también resalta las complejidades del contexto político en el que se desarrolla. La defensa de Chávez busca asegurar que el proceso sea lo más justo posible, mientras las acusaciones de rebelión continúan generando un intenso debate en la esfera pública. La situación plantea interrogantes sobre la independencia del poder judicial y la transparencia en los procedimientos legales, en un país que atraviesa un período de incertidumbre política.
