El Ministerio Público ha presentado una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, así como contra los exministros María Antonieta Alva y Víctor Zamora, por presunta colusión agravada relacionada con la adquisición directa de 1.4 millones de pruebas rápidas durante los primeros meses de la emergencia sanitaria por la COVID-19. De acuerdo con la Fiscalía, existirían indicios de concertación indebida con empresas proveedoras, situación que se habría originado tras una reunión en el Ministerio de Economía, comprometiendo la transparencia de una de las contrataciones más relevantes del primer año de la pandemia.
Según el documento fiscal, los exfuncionarios habrían favorecido ilegalmente a las compañías NIPRO Medical Corporation y Multimedical Supplies S.A.C. mediante un proceso de compra directa canalizado a través de PERÚ COMPRAS y el Instituto Nacional de Salud. La operación, valorizada en más de 6.5 millones de dólares, se habría ejecutado en un contexto de alta urgencia sanitaria, lo que, a juicio del Ministerio Público, agrava la responsabilidad penal por tratarse de un momento de gran vulnerabilidad para la población.
Por otro lado, la Fiscalía decidió no formular cargos vinculados a una supuesta omisión de funciones respecto a la demora en la adquisición de vacunas contra la COVID-19. Este pronunciamiento exime de responsabilidad al entonces mandatario Vizcarra y a los exministros María Antonieta Alva, Pilar Mazzetti y Gustavo Meza-Cuadra. Se concluyó que el Estado peruano sí realizó gestiones proactivas desde mediados de 2020, pese a que en ese momento ninguna vacuna había recibido aprobación definitiva, razón por la cual no se pudieron firmar contratos en firme.
En esa línea, se valoraron las acciones emprendidas como razonables dentro del marco de incertidumbre global y se determinó que no existieron actos dolosos ni omisiones ilegales por parte de los investigados. En consecuencia, se ordenó archivar dicha línea de investigación al no encontrarse elementos que acrediten responsabilidad penal. No obstante, la acusación por colusión agravada sigue su curso, con posibles implicancias jurídicas contempladas en el artículo 384 del Código Penal, que establece sanciones de hasta 15 años de prisión para quienes vulneren la legalidad en procesos de contratación pública.
