El escape, ocurrido la noche del lunes 21 de abril, dejó al descubierto graves deficiencias en el sistema de seguridad de uno de los penales más vigilados del país. Según la versión oficial, el recluso del pabellón 10 burló los controles durante el horario de pre encierro, trepó una zona de acceso restringido conocida como “tierra de nadie” y logró saltar el muro perimetral, escapando a plena vista del personal penitenciario, que no consiguió detenerlo ni con disparos de advertencia.
Como respuesta inmediata, el INPE destituyó al director del penal, Víctor Santos Huapaya, y relevó al personal de seguridad de turno. Sin embargo, estas acciones han sido consideradas insuficientes por congresistas y especialistas en seguridad penitenciaria, quienes ahora exigen la renuncia del presidente del INPE, Javier Llaque Moya, y de otros funcionarios de alto nivel.
“El país no puede tolerar este nivel de desidia. Si un interno puede escapar con esta facilidad, ¿qué nos garantiza que no vuelva a ocurrir? Aquí no basta con destituir al director del penal; debe haber una reestructuración total del INPE, empezando por su cabeza”, declaró un integrante de la Comisión de Justicia del Congreso.
La fuga también generó indignación en redes sociales y temor entre los vecinos del penal, especialmente después de que testigos afirmaron que el reo gritó: “¡Aleluya! ¡Cristo vive!” al momento de huir, una escena que muchos interpretaron como una burla a las autoridades.
Mientras la Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con la búsqueda del fugitivo, la Oficina de Asuntos Internos del INPE ha iniciado una investigación para determinar si hubo negligencia o complicidad del personal. Para varios analistas, los antecedentes evidencian que la situación ha superado el nivel administrativo.
Cabe recordar que no se trata de un hecho aislado. En mayo del año pasado, un interno del penal Miguel Castro Castro también logró fugarse, lo que ya había encendido las alarmas sobre las deficiencias del sistema penitenciario. Sin embargo, desde entonces poco o nada se hizo para corregir estas falencias.
El escándalo ha llamado incluso la atención de organismos internacionales, elevando la presión sobre el Ejecutivo para tomar decisiones inmediatas. Por ahora, el presidente del INPE guarda silencio, mientras desde el Congreso se alistan mociones para interpelar a los funcionarios responsables de la seguridad penitenciaria.
La fuga de John Kennedy Javier Sebastián no solo representa una amenaza para la seguridad ciudadana, sino que ha dejado al descubierto una profunda crisis en la gestión carcelaria del país. Y mientras el interno sigue prófugo, las preguntas sobre quién debe asumir responsabilidades siguen sin respuesta.
