El Tribunal Constitucional (TC) aceptó incorporar a la presidenta Dina Boluarte en el proceso competencial impulsado por el Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público. La mandataria busca argumentar ante el máximo intérprete de la Constitución que las investigaciones en su contra deben cesar mientras ejerza el cargo
A través de una resolución, el Tribunal Constitucional consideró procedente la solicitud de la presidenta para participar en el proceso como “tercero con interés en el resultado”. La demanda fue presentada por el procurador Luis Alberto Huerta Guerrero a nombre del Ejecutivo, con el objetivo de frenar las investigaciones judiciales y fiscales contra Boluarte, en base a una interpretación restrictiva del artículo 117 de la Constitución.
Dicho artículo establece que un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir elecciones, disolver inconstitucionalmente el Congreso o impedir el funcionamiento del sistema electoral. Sin embargo, en los últimos años esta disposición ha sido objeto de nuevas lecturas jurídicas, permitiendo que se abran investigaciones fiscales sin necesidad de acusaciones formales.
El TC ha aclarado que, si bien Boluarte podrá presentar escritos e informar oralmente en la audiencia pública del jueves 24 de abril, no tiene facultades para interponer nulidades, excepciones ni recusaciones contra los magistrados. La audiencia será clave para conocer los alcances de la participación presidencial y los argumentos que esgrimirán sus abogados.
Las investigaciones que busca detener entre las causas más sensibles figura la investigación por las más de 50 muertes ocurridas durante las protestas sociales tras su asunción al poder en diciembre de 2022. También enfrenta el “caso Rolex”, que indaga la posesión de relojes de lujo y otros bienes sin justificación, y la investigación por la desactivación del equipo policial que colaboraba con el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder.
La incorporación de Boluarte al proceso deja en evidencia su intención de blindarse ante la justicia mientras permanece en el cargo. El propio recurso presentado ante el TC sostiene que las indagaciones interfieren con su “facultad de dirigir la política general del Gobierno”.
La audiencia del 24 de abril podría marcar un antes y un después en el equilibrio de poderes del Estado. Mientras Dina Boluarte apuesta por una interpretación que le garantice impunidad durante su mandato, el país observa con atención si el Tribunal Constitucional fallará en favor del control político o del principio de justicia. La resolución del TC no solo afectará su futuro inmediato, sino también el de la institucionalidad democrática.
