
El gobierno de Dina Boluarte ha determinado la prohibición del tránsito de dos personas a bordo de una motocicleta, en el marco de una ofensiva contra la inseguridad. La decisión fue formalizada a través del Decreto Supremo N.° 046-2025-PCM, que también contempla la prórroga del estado de emergencia por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. Esta disposición entra en vigor desde hoy, lunes 14 de abril, y se mantendrá vigente hasta el sábado 17 de mayo, fecha en que concluye el periodo de excepción estipulado en la norma.
Como parte del paquete de nuevas medidas orientadas a reforzar la seguridad ciudadana, se han impuesto restricciones específicas a los conductores de vehículos menores clasificados en las categorías L1 y L3. A partir de ahora, estos no podrán transportar acompañantes. La medida tiene como objetivo frenar el auge de delitos que se cometen a bordo de motocicletas, especialmente en zonas urbanas donde este tipo de vehículos ha sido utilizado con frecuencia para perpetrar actos delictivos.

Dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles tras la culminación del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) deberá remitir al ministro del Interior, Julio Díaz, un informe exhaustivo en el que se detallen las acciones ejecutadas durante la vigencia del régimen de excepción, así como los resultados obtenidos como consecuencia de dichas intervenciones. El decreto que sustenta esta medida lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte y del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, además de los ministros Walter Astudillo (Defensa), Julio Díaz (Interior), Eduardo Arana (Justicia y Derechos Humanos) y Raúl Pérez-Reyes (Transportes y Comunicaciones), reafirmando así el respaldo político al estado de emergencia y a su posterior evaluación.
Nuevo paquete de normas legislativas
En declaraciones, Raúl Pérez Reyes, titular del MTC, informó que desde el Gobierno se está trabajando en un paquete legislativo orientado a regular el tránsito de motocicletas lineales, con el objetivo de facilitar el trabajo de fiscalización por parte de la Policía Nacional, especialmente en la prevención de delitos como el sicariato y el robo de celulares.
Pérez Reyes también destacó que el diseño de la norma debe equilibrar diversos intereses: «Estamos siendo muy cuidadosos con las definiciones, porque, si bien existe una preocupación legítima sobre el uso indebido de las motos lineales en delitos, también debemos reconocer que muchas personas las utilizan para movilizarse», puntualizó.

El titular del MTC, explicó que este conjunto de reformas podría haber sido formalizado durante el paro de transportistas en Lima y Callao, que se llevó a cabo el jueves 10 de abril, pero el Ejecutivo decidió adoptar una postura prudente. Prefirieron tomarse el tiempo necesario para evitar que cualquier medida apresurada pudiera impactar negativamente a la población que depende del transporte motorizado.
«Ya tenemos un texto que fue discutido durante las sesiones de debate. En esas reuniones, tanto el presidente del Consejo de Ministros como la presidenta Boluarte, quien participó de manera detallada, coincidimos en la necesidad de contar con un paquete de medidas más amplio y estructurado. Por eso, optamos por no aprobar una única medida, aunque ya habíamos considerado su implementación», comentó Pérez Reyes.
Asimismo, el ministro adelantó que se está trabajando un borrador de medidas que incluiría entre cuatro y cinco acciones claves, las cuales se espera que fortalezcan la capacidad de fiscalización de la Policía en las calles y contribuyan a disminuir los delitos relacionados con el uso de motocicletas. «Estamos convencidos de que estas acciones tendrán un impacto positivo en la seguridad ciudadana», concluyó. Pérez Reyes-