bajada: El gobierno de Perú anunció el domingo 16 de marzo, que en las próximas horas declarará el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, con la autorización para el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional. Tras el cruel asesinato del cantante Paul Flores “Russo”, el primer ministro anunció que la medida de fuerza se implementará en las próximas horas. Defensoría del Pueblo cuestionó su efectividad: “No evita los casos de extorsiones y sicariato”
Perú se encuentra en una encrucijada política y social, ante la creciente ola de violencia criminal que azota especialmente a Lima Metropolitana y la provincia de Callao. El Gobierno del presidente Dina Boluarte está a punto de tomar la decisión de decretar el estado de emergencia en estas regiones, como medida para frenar el aumento de delitos como la extorsión y el sicariato. Esta propuesta ha generado un debate nacional sobre su efectividad, especialmente después de que en el pasado no se lograron resultados satisfactorios con medidas similares.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció en su cuenta de Twitter que, tras una reunión en Palacio de Gobierno, se dispuso el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP). «En las próximas horas se decretará el estado de emergencia en la provincia de Lima y la provincia Constitucional del Callao», aseguró Adrianzén, agregando que esta medida tiene como objetivo principal enfrentar el crimen organizado y restaurar el orden en las zonas más afectadas por la criminalidad.
Adrianzén también manifestó su pesar por el asesinato del cantante Paul Flores, de la agrupación Armonía 10, cuyo crimen ha generado gran consternación en el país. En este contexto, el primer ministro adelantó que la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), prevista para el 28 de marzo, se adelantará al 18 de marzo. En esta reunión se discutirán medidas adicionales, como una reforma integral del sistema penitenciario y una estrategia más efectiva para luchar contra la criminalidad.
A pesar del anuncio, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la falta de evidencia que respalde la eficacia del estado de emergencia en la reducción de delitos. Según un comunicado, la entidad solicitó al Ejecutivo presentar los documentos técnicos que justifiquen la implementación de esta medida. Además, la Defensoría destacó que, aunque se ha propuesto cambiar a ministros y autoridades de seguridad, esto por sí solo no garantiza un cambio real si no se abordan los problemas estructurales en el sistema de justicia y la seguridad ciudadana.
La medida de declarar el estado de emergencia no es nueva. En septiembre de 2024, el Gobierno ya aplicó esta estrategia en varios distritos de Lima y Callao debido a la ola de extorsiones y homicidios. Sin embargo, los resultados fueron desalentadores. De los 6,899 operativos realizados, un 46.3% no tuvo resultados. La criminalidad siguió aumentando, con un total de 79 homicidios en septiembre de 2024, 54 en octubre, 72 en noviembre y 86 en diciembre. A pesar de la extensión del estado de emergencia por 45 días más, los delitos continuaron.
Mientras que el Gobierno considera que el estado de emergencia es la mejor opción para enfrentar el crimen, diversos alcaldes y expertos en seguridad opinan lo contrario. Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más afectados por la violencia, ha señalado que esta medida no ha funcionado en el pasado y no será efectiva en el futuro. La oposición, por su parte, considera que la solución pasa por una reestructuración del gabinete ministerial, incluyendo la destitución del ministro del Interior, ante la falta de resultados en la lucha contra el crimen.
La decisión que tomará el Gobierno en las próximas horas sobre el estado de emergencia en Lima y Callao será clave para determinar si se logrará frenar la creciente ola de violencia en el país. Sin embargo, la falta de resultados previos con medidas similares genera incertidumbre y plantea interrogantes sobre la verdadera eficacia de este enfoque. La comunidad nacional se encuentra dividida, y se requerirán más que solo acciones aisladas para lograr una solución a largo plazo a la crisis de seguridad en Perú.
