El expresidente Pedro Castillo anunció que, desde el penal de Barbadillo, iniciará una huelga de hambre como protesta contra el proceso judicial en su contra, en una carta difundida a través de sus redes sociales, Castillo declaró:
“Pongo en conocimiento a mi familia, al pueblo peruano, que haciendo uso de mi derecho humano, he decidido acatar a partir de la fecha una huelga de hambre; acto que me lleva a tomar por las injusticias que se vienen cometiendo conmigo.”
La carta, que fue firmada por su abogado y exministro de Defensa, Walter Ayala, sostiene que la decisión tomada responde a lo que el expresidente califica de injusticias en el proceso. En ella, se culpa a la jueza Norma Carbajal Chávez y a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por “forzar” la aplicación del delito de rebelión, porque según él, nunca se alzó en armas y el cargo no se ajusta a los hechos del 7 de diciembre de 2022.
En una audiencia, Castillo se presentó sin abogado y llegó a amenazar con abandonar la sala, evidenciando el conflicto entre su defensa y el Ministerio Público, que ha solicitado 34 años de prisión para él. Estas actitudes y la forma en que se ha llevado el juicio han polarizado a la opinión pública, mientras algunos de sus seguidores interpretan la huelga de hambre y las declaraciones de Castillo como un acto de resistencia ante una justicia tendenciosa, otros lo consideran una estrategia para evadir responsabilidades.
Además, diversos análisis y voces críticas señalan que el proceso ha adquirido tintes de “pantomima judicial”, donde las decisiones parecen tener más fundamentos en la arena política que en el derecho. Se ha puesto en entredicho la legalidad de la destitución de Castillo y se insinúa que detrás de este proceso existirían motivos partidistas e incluso racistas, dado el trato recibido por un presidente que muchos defienden como legítimo y constitucional.
El juicio oral contra Pedro Castillo avanzo a su tercera audiencia este martes 11. El expresidente, acusado de golpe de Estado, alteración del orden público y rebelión, sostiene que nunca se levantó en armas y niega haber cometido rebelión.
En audiencias anteriores, también se presentaron los exministros Betssy Chávez y Aníbal Torres, implicados en el intento de disolución del Congreso en diciembre de 2022. Castillo ha rechazado que ambos hayan participado en la redacción del mensaje televisado, aunque la fiscalía apunta a Torres como autor intelectual.
Desde el inicio del proceso, Castillo ha mostrado su oposición al juicio: se negó a salir de su celda en la primera audiencia, discutió con el juez en la segunda e incluso inició una huelga de hambre, medida que fue rechazada por el INPE.
