La Fiscalía de la Nación denunció constitucionalmente a 11 congresistas de la Comisión de Defensa Nacional por aprobar una ley que les permite recibir, al mismo tiempo, un sueldo como parlamentarios y una pensión de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Este doble ingreso suma más de 30 mil soles mensuales e incluye salario, pensión, asignaciones logísticas y gratificaciones, según el documento presentado.
Entre los principales acusados se encuentran Jorge Montoya, José Williams, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín, quienes, de acuerdo con la denuncia, mostraron un «interés indebido y personal» al promover el Proyecto de Ley N° 319/2021-CR.
El texto sustitutorio de esta norma exceptúa a un grupo específico del límite salarial estatal establecido en el Decreto de Urgencia. Además, la ley contradice una sentencia del Tribunal Constitucional que exige igualdad en las reglas de pensiones y sueldos para todos los trabajadores públicos.
“La doble remuneración está prohibida para los trabajadores civiles del Estado y para la mayoría del personal militar y policial. Sin embargo, esta ley fue diseñada para beneficiarios exclusivamente a un grupo específico, donde coincidentemente están cinco congresistas”, enfatiza la denuncia.
Otros seis legisladores, entre ellos Hamlet Echevarría y Carmen Patricia Juárez, fueron señalados por apoyar este proyecto, favoreciendo a terceros de manera irregular. La Fiscalía subraya que, aunque el Congreso tiene potestad para legislar, no puede hacerlo en beneficio propio ni violando los principios de igualdad establecidos por el Tribunal Constitucional.
El proceso legislativo muestra cómo el proyecto original, presentado por María del Carmen Alva, fue modificado en la Comisión de Defensa para incluir excepciones que permitieran recibir sueldos y pensiones simultáneamente, sin límites.
“El legislador no puede generar diferencias injustificadas entre los sistemas civil y militar en relación con la doble percepción de ingresos”, recalca la denuncia, recordando que cualquier legislación sobre este tema debía ajustarse a los lineamientos del Tribunal Constitucional.
Este caso revela un supuesto uso indebido del cargo público y una clara transgresión de las normas éticas y legales, según la Fiscalía, destacando un interés personal en la aprobación de una norma que beneficia directamente a quienes la promovieron.
