El Gobierno del Perú ha implementado medidas de seguridad más estrictas tras los atentados ocurridos en la madrugada del lunes 20 de enero en Trujillo, región de La Libertad. Estos ataques, aparentemente perpetrados por bandas criminales, causaron graves daños materiales y dejaron una persona herida.
A las 12:30 a.m., un explosivo fue colocado frente a la sede de la Fiscalía de la Nación en Trujillo. La detonación provocó una fuerte explosión que destruyó todas las ventanas del edificio y dañó gravemente su estructura. Además, 15 viviendas cercanas resultaron afectadas, y un hombre, aparentemente un taxista, resultó herido al encontrarse en el lugar en el momento de la explosión.
Poco después, a las 8:00 a.m., otro artefacto estalló en Huamachuco, generando pánico entre los habitantes y causando daños en varias viviendas. Los residentes describieron un estruendo tan intenso que causó gran conmoción en la comunidad. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales, aunque los daños materiales fueron significativos.
En respuesta, el Gobierno del Perú, a través de un comunicado, reafirmó su compromiso de garantizar la seguridad y el orden en la región. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú se encargarán del control de la ciudad, mientras se continúa trabajando en conjunto con las autoridades locales para proteger a las familias y asegurar un futuro de justicia. «Condenamos estos ataques terroristas de bandas criminales y aseguramos a la población que no descansaremos ni flaquearemos ante estos viles atentados», indicó el comunicado oficial.
Es importante recordar que, desde el 10 de noviembre de 2024, las provincias de Trujillo, Virú y Pataz están en estado de emergencia para mantener el orden interno. La última prórroga de esta medida se extendió hasta el 9 de enero de 2025.
La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, confirmó que el artefacto explosivo en Trujillo podría haber sido dinamita de origen minero ilegal, vinculada a actividades de crimen organizado. Espinoza también señaló que la fiscal de Trujillo, que investiga casos de criminalidad organizada, ha recibido amenazas previas, lo que sugiere que los atentados podrían estar relacionados con su trabajo.
El Gobierno peruano reafirma su firme compromiso en la lucha contra el crimen organizado y asegura que estos ataques no quedarán impunes, garantizando la restauración del orden y la seguridad en Trujillo y las zonas afectadas.
