En un hecho que remueve los cimientos del sistema electoral, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Luis Carlos Arce Córdova, exmiembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La acusación se centra en su presunta implicación en delitos de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano.
Según el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía, Arce Córdova habría aceptado un pedido del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi para beneficiar a terceros mediante decisiones del JNE. Uno de los casos más relevantes implica un procedimiento de vacancia contra el teniente alcalde del distrito de Carmen de la Legua. En este caso, Hinostroza habría solicitado a Arce que fijara una fecha de audiencia y fallara a favor del alcalde, ofreciendo en contrapartida su apoyo en futuros requerimientos, lo que constituye cohecho pasivo específico.
Por otro lado, se le acusa de haberse comprometido a interceder ante la Dirección de Registro de Organizaciones Políticas en beneficio del exsecretario general del partido Unión por el Perú (UPP). El objetivo era favorecer un cambio en el símbolo partidario, hecho calificado como tráfico de influencias agravado. La Fiscalía asegura que Arce habría recibido beneficios personales a cambio de dichas acciones.
Luis Carlos Arce Córdova ya había sido destituido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tras renunciar a su puesto en el JNE durante las elecciones pasadas, a pesar de que el cargo es considerado irrenunciable. Esta decisión estuvo motivada también por sus presuntos vínculos con Hinostroza, quien se ha convertido en un símbolo de la corrupción en el sistema judicial peruano.
El Ministerio Público, mediante sus redes sociales, reiteró su compromiso con la lucha contra la corrupción en todos los niveles del Estado. Organizaciones de la sociedad civil y analistas políticos han pedido que se aceleren las investigaciones para garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
Este caso pone nuevamente en evidencia las vulnerabilidades del sistema electoral y judicial del Perú, así como la necesidad de reformas estructurales que aseguren la transparencia y el cumplimiento de la ley.
