En una polémica que ha alcanzado a diversas instituciones gubernamentales, la Comunidad Campesina San Felipe, ubicada en el distrito de San Felipe, provincia de Jaén, Cajamarca, acusa a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) de discriminación. La denuncia gira en torno a la exclusión de estas comunidades de la lista de beneficiarios para donaciones de bienes, conforme a la Resolución de Superintendencia N.º 000201-2020/SUNAT.
La Comunidad Campesina San Felipe, creada en 1944, solicitó a SUNAT la donación de bienes muebles como un cargador frontal y una camioneta 4×4 para paliar las carencias de infraestructura en su región. Sin embargo, su petición fue rechazada con base en la normativa mencionada, que excluye a las comunidades campesinas como sujetos de donación, priorizando en su lugar a gobiernos locales, ONGs, iglesias y otras instituciones.
Según el presidente de la comunidad, José Domingo Cruz Ticlahuanca, esta decisión representa una violación al derecho a la igualdad consagrado en el Artículo 2 de la Constitución Política del Perú. “La normativa de SUNAT nos categoriza como ciudadanos de segunda clase y nos obliga a depender de municipios que muchas veces ignoran nuestras necesidades”, declaró Cruz Ticlahuanca.
La comunidad, respaldada por la vigencia de derechos humanos, interpuso una acción de amparo ante el 11.º Juzgado Constitucional de Lima, bajo la dirección de la jueza Silvia Ysabel Nuñez Riva. La acción busca que SUNAT modifique su normativa y reconozca a las comunidades campesinas como beneficiarias de donaciones. En su demanda, la comunidad denuncia que la normativa vigente colisiona con principios constitucionales al generar distinciones injustificadas basadas en la condición social.
La respuesta de SUNAT
SUNAT ha defendido su postura argumentando que la exclusión responde a criterios administrativos y procedimientos establecidos en el marco de la Resolución de Superintendencia N.º 000201-2020. No obstante, los representantes de la comunidad aseguran que esta postura refuerza un sistema discriminatorio que obstaculiza el acceso de las comunidades rurales a recursos cruciales para su desarrollo.
Impacto en San Felipe
El distrito de San Felipe enfrenta una situación de extrema precariedad. Con una población de 10,000 habitantes, carece de servicios básicos como un Juzgado de Paz, agencias bancarias, y módulos del Ministerio de Justicia. Esta situación agrava la necesidad de recursos y apoyo gubernamental, según voceros de la comunidad.
Ante esta problemática, la Comunidad Campesina San Felipe ha convocado a otras comunidades campesinas del país a unirse en la lucha contra lo que consideran una política discriminatoria. Además, han solicitado la intervención del Defensor del Pueblo, congresistas y otras autoridades nacionales para visibilizar y revertir esta situación.
La exclusión de las comunidades campesinas de las normativas de donación pone en evidencia un vacío legal que podría vulnerar derechos fundamentales. Este caso podría sentar un precedente significativo en la lucha por la igualdad y el reconocimiento de los derechos de las comunidades rurales en el Perú. Mientras tanto, la Comunidad Campesina San Felipe mantiene su postura firme y confía en que la justicia les otorgue una resolución favorable.
