Tras cinco días desde el derrame de petróleo por la refinería de Talara, operada por Petroperú, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha declarado el estado de emergencia ambiental en seis playas afectadas: San Pedro, Punta Malacas, Las Capullanas, Baterías, Peña Negra y Cabo Blanco. El incidente ha contaminado aproximadamente 10 mil metros cúbicos del mar en la región Piura.
La medida, respaldada por la resolución ministerial firmada por el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, tendrá una vigencia de 90 días. Durante este tiempo, al menos diez organismos estatales, junto al Ministerio del Ambiente, implementarán un «Plan de Acción Inmediato y a Corto Plazo» para atender la emergencia en coordinación con el gobierno local de Lobitos y el Gobierno Regional de Piura.
Petroperú continuará con la limpieza, aunque la empresa aseguró haberla concluido el 24 de diciembre. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) evaluará el impacto de la limpieza en un plazo de 80 días hábiles. Además, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) enviarán reportes sobre el estado del mar y la calidad del agua.
El derrame ha causado graves efectos ecológicos, impidiendo la fotosíntesis del fitoplancton y comprometiendo la supervivencia de peces, crustáceos y moluscos. El crudo también ha afectado al fondo marino y a organismos bentónicos esenciales.
Las imágenes de animales cubiertos de petróleo y pescadores con manos manchadas de hidrocarburo han contradecido las declaraciones de Petroperú sobre el control de la situación. La recuperación de las áreas afectadas podría tomar más de tres décadas, según estudios de casos similares como el derrame del Exxon Valdez en Alaska.
