Como es de conocimiento público, la fiscal Elizabeth Peralta Santur se encuentra bajo investigación por un presunto caso de corrupción. Se le acusa de haber solicitado una suma de US$1 millón a través de Andrés Hurtado, con el objetivo de garantizar la devolución de las cinco barras de oro incautadas en 2020 al empresario Javier Miu Lei.
Por otro lado, la votación inicial quedó 3-2 a favor del rechazo de la prisión preventiva para la fiscal Elizabeth Peralta. El juez Saúl Peña fue convocado y su voto empató la votación 3-3. Ante el empate, el magistrado Gustavo Álvarez Trujillo intervino y dio la razón al Ministerio Público, decidiendo revocar la medida de comparecencia con restricciones y dictar prisión preventiva por 18 meses para Peralta Santur.
El juez Álvarez Trujillo presidió una audiencia donde la fiscal Alejandra Cárdenas destacó el «grave riesgo» de que Peralta obstaculice la investigación, al mentir sobre la información de sus teléfonos. En respuesta, su abogado, Benji Espinoza, defendió la medida de comparecencia con restricciones, argumentando que la fiscal Peralta se pondrá a derecho
