El 27 de setiembre el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte declaró el Estado de Emergencia en los distritos de Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho – Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador, de la provincia de Lima, departamento de Lima; y en el distrito de Ventanilla, de la provincia constitucional del Callao, por un plazo de 60 días calendario.
La medida fue tomada debido al aumento de la criminalidad en el país, teniendo mayor impacto en los transportistas, empresas conocidas como »El chino, »Lorito» »Naranjito» «El Rápido» entre muchas otras que recibían amenazas por parte de delincuentes exigiéndoles una cifra de dinero con la finalidad de dejarlos trabajar.
El negarse a estas peticiones fueron causa de que los avezados delincuentes tomen la peor decisión para lograr su cometido, disparar hacia los vehículos con pasajeros a bordo sin importar edad ni género.
Evidentemente no sólo fue »un susto» sino que la frialdad acompañada de su objetivo los llevó a acabar con la vida de conductores y pasajeros para generar zozobra en la población.
¿Hubo un cambio con el Estado de Emergencia?
En el trascurso del estado de emergencia los asesinatos, y casos de extorsión continuaron. Según el analista de datos Juan Carbajal, en el mes de julio hubo 483 denuncias por extorsión, en agosto 562, en setiembre 649 y en octubre 796; en el caso de homicidios, los datos de Sidpol registran 2.027 denuncias por homicidios versus las 1.915 del 2023. Es decir, un evidente aumento de denuncias y atentados pese a la medida que buscaría precisamente disminuirlos.
Los distritos que más »llenaron los titulares» por actos delictivos son Ate, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Chosica, San Martín de Porres, Villa El Salvador y Puente Piedra.
Sin dejar de lado al distrito del Rímac, el cual fue reciente escenario de un lamentable crimen contra la excandidata a la alcaldía Ytala Tipula.
