Con 17 votos a favor, uno en contra y 5 abstenciones la Comisión de Constitución del Congreso aprobó dictamen para impedir postular a cargos públicos a condenados.
El documento establece que las personas condenadas en primera instancia como autores o cómplices de un delito doloso no podrán aspirar a ocupar cargos públicos. Aquellos sentenciados por terrorismo, traición a la patria, tráfico de drogas ilícitas y otros delitos contra el orden constitucional enfrentarán esta prohibición durante un período de 10 años tras su rehabilitación.
Por otro lado, el dictamen, que se encuentra en espera de ser debatido en el Pleno del Congreso, sugiere la modificación de los artículos 34-A, 39-B y el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución. Según el texto aprobado, el impedimento entrará en vigor a partir de la rehabilitación del individuo condenado.
Fernando Rospigliosi, quien preside la Comisión de Constitución, destacó que el objetivo de esta reforma es asegurar que las personas que ocupen cargos públicos no tengan antecedentes de delitos que puedan comprometer la democracia. “Es fundamental evitar que personas que han intentado destruir el sistema democrático usen la democracia para alcanzar sus fines. Se trata de delitos muy graves como rebelión, terrorismo y narcotráfico”, declaró
