Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: -Reg.: -N°-4654-
Indiscutible el paro de los transportistas para el 23 de octubre del 2024, está politizado, alegó el primer ministro Gustavo Adrianzén, a su vez, expresó “Esa protesta es una forma de hacer activismo político. Asimismo, arguyó; quieren desestabilizar al gobierno, tras ello estarían Pedro Castillo, Antauro Humala, Martín Vizcarra y esbirros de el clan de los caviares. Camaradas, nacionalistas, y progres-caviar se congregan aprovechando la coyuntura crítica política que estamos atravesando en el país para pretender expectorar a la presidenta, Dina Boluarte por su insistente nefasto gobierno. El oportunismo de esta casta radical del díscolo asesino de policías Antauro Humala, el golpista Pedro Castillo y el delincuente contumaz Vizcarra, pretenden alterar vuestra incipiente democracia para expectorar a este gobierno endeble de Dina Boluarte.
No soy defensor de este gobierno híbrido, más soy un crítico de sus escasos programas improvisados; pero tampoco puedo quedarme callado ante la presunta arremetida de este revoltijo de impresentables indicados que, quieren llegar al poder con el fin de conducir el Estado para hacer y deshacer los que se le dé en gana de acuerdo a sus ideales arcaicos y sus postulados de “Fechorías” en contra del país. Hay que subrayar esta no es una protesta gremial, como en un momento se habló con motivo de los asesinatos que sufren los trabajadores del transporte público. Estamos lejos de esa reivindicación gremial, laboral y sindical. Hoy somos espectadores que unos politiqueros, oportunistas, lumpen con actitudes violentistas, sangrientas se han aupado a esta protesta”. El año pasado ese mismo gremio de transportistas acudió a la OEA para denunciar sendas violaciones a sus derechos. Asunto que nunca fue ventilado acá. Igual hacen hoy los transportistas, alegando que “El Poder Ejecutivo y el Congreso de la República del Perú vienen realizando reformas políticas que buscan garantizar impunidad para las bancadas políticas y sus miembros”. Por último, el objeto es idéntico: forzar el acceso a la presidencia de la República de algún miembro de la mafia caviar, en contubernio con la ultraizquierda. Se trata, pues, de una intentona política para remover a una dignataria constitucionalmente establecida, recurriendo a una fórmula inconstitucional. Ello es anti democrático, más demuestra desesperación, angustia con olor a tiranía absolutista de esta horda ávida de poder.
Hay que recordar, Pedro Castillo fue removido constitucionalmente -por golpista y corrupto- y reemplazado por la única vicepresidenta electa, Dina Boluarte. Una operación impecable. Sin embargo, los caviares, aliados con el terrorismo, ahora pretenden remover a la presidenta Dina Boluarte sin causal válida. Por esto resulta muy válida y oportuna la advertencia que hiciera el año pasado el primer ministro Gustavo Adrianzén sobre el injustificado reclamo de los transportistas: “Esa protesta es una manera de hacer activismo político. Quieren desestabilizar al gobierno”. Pues esto mismo está ocurriendo hoy; pero a diferencia de lo sucedido con el relevo presidencial del 7 de diciembre de 2022, hoy no existe causal de vacancia.
Solamente hablamos de un putsch (usurpación violenta del gobierno de un país) en esto tiene razón el primer ministro Gustavo Adrianzén- manipulado por la dupla terrorismo-caviares que persevera en acceder al poder, insistimos, por la puerta falsa.
En fin, la OEA no tiene nada que hacer en este enredo. Ni tampoco con aquellas denuncias que fabrica la izquierda caviar en connivencia con sus aliados de la ultraizquierda de Sendero Luminoso. Acá lo que hay, es intentar un golpe de Estado encubierto bajo un reclamo de los transportistas, transformado en arma arrojadiza para remover al gobierno de Dina Boluarte e instalar un régimen izquierdista espurio que la mafia caviar intentaría beatificar con los espurios santos óleos de la Organización de los Estados Americanos.
