Tras las confesiones de los principales directivos de Odebrecht, de haber pagado al estado peruano para adjudicarse obras en el país, podrían ser llevados a instancias internacionales.
La constructora brasileña, en mayo pasado, solicitó un trato directo al Ejecutivo y así discutir por lo decretado por la Sunat, el embargo de cuentas y activos. Esto permite al Estado retener determinado porcentaje de cada venta que realice Odebrecht.
El 25 de noviembre vence el plazo del trato directo, sin embargo los altos funcionarios del gobierno adelantaron que no habrá tal negociación.
La solicitud planteada por las subsidiarias Odebrecht Latinvest S.A. y Odebrecht Latin Finance S.A.R.L. se ampara en el tratado bilateral de inversión vigente entre el Perú y el Gran Ducado de Luxemburgo, país en el cual ambas subsidiarias están constituidas.
Al no llegar a un acuerdo dentro de 6 meses, se tendrá que iniciar un arbitraje internacional ya sea a través del Centro Internacional para Solución de Disputas de Inversión (Ciadi) o de un tribunal arbitral ad hoc.
Y.M.R
