El fiscal Carlos Mera Palomino presentó ante el Poder Judicial un requerimiento acusatorio contra Vladimir Cerrón y varios implicados más, por un presunto caso de resguardo irregular que habría involucrado a suboficiales de la Policía Nacional entre los años 2019 y 2021. Esta acción judicial busca imponer severas penas y multas económicas contra los acusados.
El fiscal Mera Palomino ha requerido una pena de nueve años de prisión para Cerrón, exgobernador de Junín, además de una inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos y el pago de una multa equivalente a 487 días de salario mínimo. Estas medidas se fundamentan en la acusación de colusión agravada en perjuicio del estado peruano.
Asimismo, el fiscal ha pedido penas de cárcel para otros implicados en el caso, incluyendo 10 años y 08 meses para el suboficial de la Policía Nacional, Carlos Zárate Villalobos, acusado de colusión y falsificación de documentos, y seis años para Edwin Mamani Cáceres por colusión en agravio del estado.
Fernando Orihuela Rojas, sucesor de Vladimir Cerrón en el Gobierno Regional de Junín, también enfrenta una acusación por negociación incompatible en perjuicio del estado, solicitándose una pena de cuatro años y ocho meses de prisión y una inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos.
El representante del Ministerio Público ha requerido diversas penas para un grupo de personas implicadas en el caso, que van desde cuatro años y ocho meses hasta 12 años de cárcel, dependiendo de la gravedad de los delitos imputados.
Durante la audiencia virtual presidida por el Juez penal de Junín, Walter Camarena, el fiscal Mera Palomino resaltó la existencia de dolo directo y conducta reprochable por parte de los acusados, argumentando que no existe causa que justifique los cargos imputados en el proceso penal.
En suma, la representante de la Procuraduría ha solicitado una reparación civil de 37 mil soles que deberán pagar Vladimir Cerrón y Carlos Zárate al estado por el delito de colusión. El proceso continuará con la etapa intermedia el próximo 30 de julio, marcando un hito en este complejo caso judicial que ha captado la atención pública y política en el Perú.
