El Congreso de la República ha renovado sus esfuerzos para debilitar a la Junta Nacional de Justicia. Tras conocer la decisión de la Primera Sala Constitucional del Poder Judicial respecto a la demanda de amparo presentada por los integrantes de la JNJ el pasado 4 de junio, el Congreso ha solicitado al Procurador del Parlamento que dirija una solicitud al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, para que anule la restitución de los jueces Inés Tello y Aldo Vásquez a la JNJ.
La controversia se centra en la inhabilitación de los jueces Tello y Vásquez, quienes fueron removidos de sus cargos mediante una votación del Congreso, declarada como irregular por la Primera Sala Constitucional del Poder Judicial. Esta sala dispuso su reincorporación a la JNJ a inicios del mes de julio, argumentando que el Tribunal Constitucional ya había determinado la imposibilidad de que los congresistas que voten en la Comisión Permanente en un juicio político puedan ejercer su voto en el Pleno, evitando así irregularidades.
No obstante, el Parlamento ha desoído estos argumentos y mediante un documento enviado al TC, sostiene que la sentencia emitida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima es un intento del Poder Judicial por menoscabar sus funciones. El Legislativo ha solicitado que esta decisión sea incluida en la demanda del conflicto de competencias que será vista el próximo 10 de julio.
El Congreso ha insistido al presidente del TC que declare la nulidad de la demanda de amparo de la JNJ y ha recordado en el escrito presentado el 8 de julio que se requiere que la restitución de Tello y Vásquez en la JNJ sea uno de los hechos sobre los que debe pronunciarse el TC.
En su demanda, el Congreso sostiene que la inhabilitación de ambos jueces es un «acto político puro» en el que ninguna institución puede interferir, aunque se vulneren derechos.
Además, el Congreso ha calificado de “temeraria” la decisión del Poder Judicial sobre el proceso de amparo contra Tello y Vásquez. Esta calificación se da en el marco del proceso competencial que el Congreso ha emprendido, buscando que el TC falle a su favor. En la sentencia, la Primera Sala Constitucional de Lima precisó que, si un acto parlamentario incide directamente en la afectación de un derecho fundamental, entonces el control judicial del acto político es plenamente válido.
