El Gobierno ha presentado al Congreso de la República el proyecto de ley N° 7752, que propone la fusión de los organismos reguladores Osiptel, Osinergmin, Ositran y Sunass en un «organismo regulador multisectorial». Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo por legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.
La propuesta, fundamentada en las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), busca reducir el riesgo de captura regulatoria al unificar las entidades en un solo regulador multisectorial. Sin embargo, la idea ha generado una fuerte oposición entre diversos sectores.
El titular de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Wilson Soto (Acción Popular), ha manifestado su desacuerdo con la propuesta. Soto argumenta que cada uno de estos organismos cumple un rol especializado crucial que no debería ser amalgamado. «Nos han pedido opinión y hemos mandado un documento señalando que estamos en contra. No estamos de acuerdo. Cada una cumple un rol muy importante», expresó Soto en una entrevista a un medio de difusión.
En respuesta a la propuesta, los presidentes de los organismos reguladores han elevado una carta al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, manifestando su postura en contra. En el documento, resaltan su «enorme preocupación» y advierten que la medida podría debilitar la regulación eficiente de los servicios públicos y representar un retroceso en los logros alcanzados con el modelo actual basado en la especialización.
Los reguladores argumentan que la fusión podría incrementar la politización y la corrupción en las decisiones regulatorias, afectando negativamente a los usuarios de los servicios públicos y al clima de inversión en el país. «Es decir, se incrementa el riesgo de captura política, lo cual afecta únicamente a la ciudadanía, al desarrollo de los mercados y a la inversión privada», subrayan en su comunicado.
Ante la controversia, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso ha citado al premier Adrianzén para que explique los motivos detrás de la propuesta. La comparecencia está programada para el próximo lunes 3 de junio.
La discusión en torno a esta propuesta continúa, con diversos actores del sector público y privado atentos a las implicaciones que esta reestructuración podría tener en la economía y la regulación de los servicios públicos en el Perú.
