Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el caso “Rolexgate”

Según el Ministerio Público, la presidenta de Perú presuntamente actuó "de manera dolosa" al aceptar varias joyas de Wilfredo Oscorima como "donaciones".

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, enseña una gargantilla en una conferencia de prensa. Foto: Martín Mejía.

La mandataria, Dina Boluarte, fue denunciada constitucionalmente por cohecho pasivo impropio por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el pasado lunes 27 de mayo. La Comisión Permanente del Congreso evaluará la acusación y, si la acepta, una Subcomisión investigará y emitirá un informe. Así, el pleno del Parlamento podría decidir sobre su suspensión, destitución y juicio político.

La institución dijo en su cuenta de X, antes Twitter, que presentó la denuncia ante el Congreso, en el marco de las investigaciones que sigue contra la Jefa de Estado.

La denuncia constitucional es un procedimiento especial para altos funcionarios del Estado, incluida la presidenta, quien tiene inmunidad. Este proceso se dirige al Congreso, donde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe evaluar su procedencia antes de pasar por un recorrido parlamentario que concluye en el Pleno. Este Pleno, en última instancia, decide si se recomienda acusar a Boluarte.

La denuncia constitucional contra Dina Boluarte fue enviada al presidente del Parlamento, Alejandro Soto.

Frente a ello, el Jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzen, declaró en una entrevista para Canal N que, aunque la mandataria ha mostrado disposición para colaborar con la justicia, está siendo objeto de una «persecución sistemática en materia fiscal», lo que afecta sus funciones constitucionales.

Cuanto se te agotan los argumentos, tienes que poner a recrear tu imaginación para buscar delitos donde no existen. Insisto en lo que vengo diciendo semanas atrás, ésta no es más que una muestra de la persecución sistemática en materia fiscal que se le viene haciendo a la señora presidenta de manera indebida, inconstitucional e ilegal”, comentó el Premier.

Del mismo modo, sostuvo que desde la Presidencia del Consejo de Ministros han solicitado al Tribunal Constitucional que se pronuncie de manera definitiva para que determine cuáles son las únicas causales por las que se puede investigar a la mandataria. En ese sentido, Adrianzen indicó que todavía no ha sido presentada la demanda competencial ante el TC.