Esto, por presunto «perjuicio» en el ejercicio de sus funciones y competencias.
El Ejecutivo interpondrá una demanda competencial contra el Poder Judicial y el Ministerio Público ante el Tribunal Constitucional, argumentando un presunto «daño» a las atribuciones y responsabilidades de la presidenta Dina Boluarte. La decisión se divulgó en el diario oficial El Peruano.
Según el documento, el viernes 17 de mayo, después de la sesión del Consejo de Ministros, se acordó que el titular Gustavo Adrianzén sería el responsable de presentar la demanda. En este contexto, se decidió que el Procurador Público Especializado en Materia Constitucional sea quien represente al Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional.
La decisión del Ejecutivo supuestamente respondería al allanamiento de la residencia de la Mandataria en Surquillo y del Palacio de Gobierno, ocurridos el pasado 30 de marzo, en el marco de la investigación que se le sigue por el caso Rolex. El argumento es que la presidenta no puede ser allanada sin que se le levante el antejuicio.
