La fiscal suprema encargada de casos de corrupción, Delia Espinoza, pidió al Poder Judicial que la abogada Liz Patricia Benavides sea apartada temporalmente de sus funciones como fiscal suprema y fiscal de la Nación, mientras se investiga si lideró una presunta red delictiva dentro del Ministerio Público.
El requerimiento para la suspensión de derechos se realizó el pasado 10 de mayo. Fue entregado al juez supremo, Juan Carlos Checkley Soria, solicitando la suspensión temporal de Patricia Benavides por un período de 36 meses. Esto se enmarca dentro de la investigación preliminar en su contra por delitos relacionados con la tranquilidad pública.
Patricia Benavides ha sido temporalmente apartada de su puesto desde el 7 de diciembre, conforme a la resolución de la Junta Nacional de la Magistratura, por un lapso de seis meses. Esta medida expira el 6 de junio siguiente, lo que otorga a Benavides la opción de volver a ejercer sus funciones en el Ministerio Público.
En este momento, debido a la ausencia de suficiente participación, la JNJ no puede extender la suspensión disciplinaria ni finalizar el proceso de destitución. Bajo estas circunstancias, el retorno de Benavides podría perturbar el funcionamiento habitual de la Fiscalía de la Nación y el Ministerio Público, así como también obstaculizar las investigaciones en curso.
Por eso, la fiscal Delia Espinoza recurre al Poder Judicial. El juez Checkley Soria ha convocado a una audiencia pública que se realizará el 22 de mayo de 2024, a partir de las 9:30 horas, con el objetivo de debatir el pedido de la fiscalía y escuchar los alegatos de Benavides, a fin de tomar la decisión que corresponda, antes del 6 de junio.
