Desde hoy, lunes 8 hasta el viernes 12 de enero, el Congreso de la República estará desarrollando la semana de representación, correspondiente al primer mes del 2024. Según el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, los parlamentarios deben mantener comunicación con los ciudadanos y organizaciones sociales para conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas. Para ello, cada mes, realizan viajes a distintas partes del país y desarrollan sus labores por cinco días continuos.
“(…) Para lo cual se constituyen cinco días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia o en cualquier parte del país, individualmente o en grupo. Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo, informando regularmente sobre su actuación parlamentaria”, señala la disposición reglamentaria.
Informes irregulares
Los legisladores también tienen la obligación de elaborar un informe de sus actividades e información detallada de cómo utilizaron el dinero que les provee el Estado. Para la semana de la representación, el Estado otorga a cada congresista una suma de S/2,800 para cumplir con sus actividades.
Sin embargo, según la investigación de Perú 21, en marzo de 2023 al menos 20 congresistas que no estaban al día con el envío de sus informes desde 2022, comprobado por la plataforma de Transparencia del Congreso. Asimismo, en repetidas ocasiones la información presentada no ha sido totalmente verídica.
Al respecto, el ex oficial mayor del Congreso José Cevasco declaró a Perú21 que faltan mecanismos de control en los informes que los parlamentarios realizan por la semana de representación ya que no existe una oficina en el Congreso que verifique la veracidad de estos informes. “Se han encontrado en periodos anteriores, y en este también, algunos informes que no necesariamente están sujetos a la realidad”, aseguró. Bajo ese contexto, considera que se necesita implementar sanciones para los parlamentarios que no presenten sus informes.
