En las últimas semanas, funcionarios europeos se han pronunciado sobre la futura ley de amnistía y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este proceso se está llevando a cabo en el Congreso de los Diputados en España. En principio, la norma sería aprobada durante el primer cuatrimestre de 2024.
Entre las principales declaraciones, Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, señaló que está satisfecho con el “buen diálogo” en torno a la ley, pero manifestó que la Comisión no se pronunciará hasta que dicho estatuto sea aprobado.
De esta forma, Reynders apaciguó el altercado que hubo tras la reunión del pasado jueves con el ministro de Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, y la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová.
El impasse se produjo debido a que el ministro español afirmó que la Comisión Europea tenía «cero preocupaciones» por la ley de amnistía que el PSOE, partido del presidente Pedro Sánchez, pactó con las formaciones catalanes independentistas Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), para asegurar su reelección.
El Gobierno de España se defiende
Por otro lado, Bruselas está entrando en el debate político español, pero Bolaños declaró que esta ciudad no tenía ninguna preocupación sobre la fortaleza del Estado de Derecho en España y la separación de poderes. Sin embargo, aseguró que el único desasosiego lo produce el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces en España.
«La preocupación por la falta de renovación como consecuencia del bloqueo del Partido Popular (PP) es máxima, porque está afectando no solo a la normalidad institucional en el órgano de gobierno de los jueces, sino también a los ciudadanos en su derecho a la tutela judicial en tiempo razonable», declaró el ministro de Justicia español.
Es importante señalar que el CGPJ cumple esta semana cinco años en funciones. En diciembre de 2018, sus 21 miembros debían haber sido renovados por el Congreso de España, después de haber sido nombrados en 2013 por una Cámara Baja, donde el conservador Mariano Rajoy, del PP, tenía mayoría absoluta.
Por ello, aunque la Constitución Española marca un mandato de cinco años, ya son 10 los años que este CGPJ está en vigor. De los 21 miembros que deben componerlo (20 vocales y el presidente), ya solo quedan 16 después de múltiples bajas, incluida la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, el año pasado, en un gesto que pretendía forzar la renovación del órgano.
Internacionalizando la política nacional
Uno de los objetivos del PP es hacer de esta una cuestión europea, asegurando que no cumple los estándares del bloque comunitario. De esta manera, el diálogo abierto entre el Gobierno español y el europeo responde a las consultas trasladadas a Bruselas, según sostuvo Reynders en una carta a Bolaños.
El ministro español respondió a esa primera misiva ofreciendo cooperación y defendiendo que se trataba de una propuesta del PSOE, no del Gobierno, y que se remitiría el texto una vez hubiera comenzado el trámite parlamentario.
