El magistrado coordinador del XII Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Penal, César San Martín Castro, ha expresado su preocupación acerca de la Ley Soto, señalando que considera que la misma es inconstitucional al afectar el principio de proporcionalidad en la justicia penal.
La Ley Soto, oficialmente conocida como Ley 31751, ha generado controversia al reducir los plazos de prescripción de diversos delitos. Esto ha llevado a situaciones donde funcionarios solicitan el archivamiento de casos, lo que según San Martín, no sigue lineamientos constitucionales exigibles y carece de adecuación, necesidad y proporcionalidad.
El magistrado también destacó que la Ley Soto no ha tomado en cuenta estipulaciones del Derecho Internacional Penal, particularmente las relacionadas con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Criminalidad Organizada Transnacional.
En el marco de estas críticas, San Martín subrayó que la reducción de plazos de prescripción, especialmente en delitos contra funcionarios, puede conducir a la impunidad de políticos en casos de corrupción gubernamental. Además, resaltó la complejidad de los casos de este tipo, que demandan un análisis documental detenido y no pueden regirse por plazos restrictivos.
El magistrado también señaló que la suspensión del plazo se presenta mayormente en delitos contra funcionarios, cuando hay criminalidad gubernamental de altos funcionarios. En estos casos, destacó la necesidad de considerar cuestiones previas y el procedimiento parlamentario de acusación constitucional, que tiene sus propios tiempos flexibles según la complejidad del tema.
