Joseph Campos pide la descalificación de la demanda constitucional ante el Congreso

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, expresó hoy que la acusación constitucional formulada en su contra por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a raíz de las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, tiene un alto grado de improvisación. 

En una entrevista con el programa Ampliación de Noticias, el abogado sostuvo que una lucha interna en el Ministerio Público afectó al Ejecutivo con una respuesta política y que la denuncia presentada contra la presidenta carece de fundamentos sólidos. 

Además, el abogado afirmó que la fiscal Patricia Benavides había anunciado una investigación el viernes 24 de noviembre de forma “diferenciada”, y que esto se notificó el lunes 27 de noviembre. Sin embargo, durante el fin de semana, la titular del Ministerio Público cambió repentinamente su decisión e informó de una denuncia constitucional.

Según el abogado, jurídicamente, no sucedió nada entre el viernes y el lunes. Él sugiere que ha habido una guerra interna que se ha extendido probablemente debido a dos situaciones. Y cree que la primera es que la Fiscal de la Nación tiene la convicción de que el Ejecutivo participó de alguna manera en esta guerra interna. 

Joseph Campos explicó que están ampliando una investigación debido a que se recibió una solicitud de archivamiento de las pesquisas relacionadas con la muerte de los manifestantes. 

Por otro lado, el motivo principal de la ampliación es incluir las denuncias pendientes y reprogramar algunas diligencias. Además, Campos destaca que incluso los abogados de la contraparte han reconocido que la figura del genocidio no tiene base legal. En conclusión, lo ocurrido el lunes es impensable en cualquier escenario y la denuncia constitucional muestra signos de improvisación, dejando en el limbo la causa menos polémica en términos jurídicos.

Investigación preliminar

El abogado Joseph Campos opina que la demanda constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte debería ser descalificada de manera preliminar en el Congreso.

Según Campos, existen dos formas de interpretación en este asunto, una más conservadora y otra más activa, pero la habilitación que se desarrolló en el artículo 117 solo permite una investigación preliminar. Para respaldar su punto de vista, Campos compara la situación actual con casos anteriores en los que se suspendió temporalmente la acusación constitucional. 

Acusación Constitucional

La semana pasada, la máxima responsable de la fiscalía, Patricia Benavides, comunicó que presentaría una acusación constitucional ante el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y los exministros del Interior César Augusto Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández. La denuncia se basa en la supuesta comisión del delito de homicidio agravado en perjuicio de Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca y otros afectados por las protestas iniciadas en diciembre del año pasado. 

La declaración de la jefa de la fiscalía fue hecha después de que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y la Diviac de la Policía Nacional del Perú (PNP) llevaron a cabo una operación de allanamiento en casas y oficinas de tres asesores de Benavides, que están siendo investigados por su presunta pertenencia a una organización criminal supuestamente liderada por ella.

En el contexto de la operación “Valquiria V”, se ordenó la detención preventiva de Jaime Villanueva Barreto durante 10 días. Se le atribuye ser responsable de las conversaciones donde se muestra que se está coordinando para influir de manera ilegal en las decisiones del Congreso para asegurar que Patricia Benavides continúe en su cargo.