Futuro incierto de Vicente Romero como Ministro del Interior

“El jefe del Ministerio del Interior no se siente seguro en su puesto de trabajo días antes de ser cuestionado por el Congreso. Además, no descarta la posibilidad de que se produzcan abusos al aplicar la retención de personas indocumentadas”

El ministro reconoce que la corrupción en la Policía es un problema de años, pero anima a los jóvenes que quieren ingresar a la institución a no perder la oportunidad y explica que se está trabajando para reducir la incidencia de corrupción. Foto: Difusión

Vicente Romero Fernández es consciente de que su tiempo como jefe del Ministerio del Interior podría estar llegando a su fin. En una entrevista con Correo, realizada un día antes de la sentencia contra Vladimir Cerrón, Romero explica cómo ha encontrado el sector, las medidas que ha tomado durante los estados de emergencia y otros aspectos de su «segundo tiempo» en el Mininter.

Durante la entrevista, se le preguntó al ministro sobre su análisis de los primeros días del estado de emergencia y él explicó que habían realizado un corte hasta el día 12 y que estaban haciendo análisis semanales. En San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, se redujeron los delitos que afectan a la seguridad ciudadana después de la declaratoria. El hurto y el robo disminuyeron en un 20% en SJL, mientras que en SMP disminuyeron en un 18%. 

Sin embargo, la extorsión aumentó en más del 18%, especialmente en los comercios. En Sullana, el hurto, el robo y los homicidios disminuyeron en un 12%, pero la extorsión aumentó en un 36%. El ministro explicó que los extorsionadores ya no están sueltos en las calles debido al control territorial, por lo que han comenzado a hacer más extorsiones vía telefónica.

Cuando se le preguntó si se está perdiendo contra la criminalidad, el ministro dijo que no lo cree. Recientemente estuvo en una rendición de cuentas en Piura donde el gobernador, algunos alcaldes y el jefe de región informaron que ha disminuido el tema de los robos y homicidios. El ministro también mencionó que en Ecuador, cruzando el puente, se producen entre 3 a 5 muertes diarias y ha habido situaciones bastante complicadas a nivel de los penales, muchos asesinatos en la vía pública y mucha violencia.

El funcionario señala que la crisis migratoria ha agudizado el crimen trasnacional, especialmente de Colombia y Venezuela, y que el mercado ilegal de armas también ha contribuido a la violencia. También explicó que los altos niveles de victimización, percepción de inseguridad y más violencia son los cuatro temas que han marcado los últimos tres o cuatro años.

Romero defiende la declaratoria de emergencia y niega que haya sido improvisada. Afirma que se coordinó con la Policía y se evaluó la situación con técnicos y especialistas. Las Fuerzas Armadas brindan apoyo a la Policía en puntos estratégicos, pero solo en coordinación con la Policía y de acuerdo con los planes de operaciones.

Además, reconoce que hay un clamor nacional por justicia y seguridad. Señala que la inseguridad se debe a la impunidad, la injusticia, la informalidad y la indiferencia de las autoridades. El funcionario no cree que el pedido de la ciudadanía de que las Fuerzas Armadas ayuden a la Policía sea un fracaso de las instituciones gubernamentales, sino más bien una respuesta a la necesidad de justicia y seguridad que siente la población.

El ministro cree que esta herramienta legal es necesaria para que la policía pueda identificar a los extranjeros que viven en el país, siempre y cuando cumplan con las normas. Aunque reconoce que puede haber abusos, cree que la policía limpia sus cuadros y toma medidas para evitarlos. El ministro también discute la responsabilidad política y estratégica de varios niveles de autoridad en situaciones como la violencia en Lima.

Sin embargo, la norma está dirigida principalmente a personas extranjeras y los controles migratorios, el ministro enfatizó que no puede ser discriminatoria y que la policía no puede retener a alguien durante 12 horas simplemente porque no se identificó. No obstante, la norma permite que un policía intervenga y retenga a cualquier persona, incluso si no está cometiendo un delito aparente, si está indocumentado.

Durante la conversación también se discutió sobre el Plan Boluarte, mencionado por el premier, pero el entrevistado aclara que no existe tal plan y que en realidad se refiere al Plan Perú Seguro, el cual está siendo implementado. Además, se mencionan otros planes y políticas nacionales relacionados con la seguridad ciudadana.

En relación al anuncio de la Policía del Orden y Seguridad, explicó que está en manos del Congreso y que no afectaría la institución tener una segunda categoría de policías, sino que sería un apoyo importante debido a la necesidad de más policías para atender las demandas de seguridad ciudadana.Respecto a la ley que exonera la responsabilidad penal en el uso de armas en legítima defensa, indicó que aún está en evaluación y que se deben establecer requisitos y medidas de control exhaustivas para evitar abusos.

En cuanto a su futuro político, el señor Romero mencionó las mociones de interpelación y la posibilidad de ser censurado. Sin embargo, afirmó que no teme que suceda porque cree haber contribuido y trabajado duro por el país. También reconoce que tal vez no se ha comunicado bien, pero está satisfecho con lo que ha logrado y pide que se apoye al próximo ministro del Interior en caso de que sea censurado.

A pesar de haber asumido el cargo de Ministro del Interior en un momento desafiante, cree que se está avanzando en la dirección correcta. En el caso de que se presente una moción de censura, solicita que se apoye al próximo titular del Ministerio del Interior y que no se le ataque de manera cruel, como a veces ha sentido. En caso de que la censura se lleve a cabo, aceptará la decisión.

Finalmente, se aborda el tema de la corrupción en la Policía y el ministro reconoce que es un problema de años, pero anima a los jóvenes interesados en unirse a la institución a no perder la oportunidad y explica que se están implementando medidas para disminuir la corrupción.