La Procuraduría General del Estado y el Poder Judicial han coincidido en advertir al Congreso sobre los riesgos asociados al proyecto de modificación de la Ley de Extinción de Dominio, una ley que ha sido efectiva para recuperar activos adquiridos de manera ilícita. Ambas instituciones informaron a la Comisión de Justicia que esta iniciativa podría debilitar la eficacia de la norma. A pesar de estas preocupaciones, el proyecto fue sometido a dictamen y figura en la agenda para ser discutido en el pleno.
El proyecto, impulsado por el congresista fujimorista Jorge Morante y respaldado por otros legisladores de su partido, propone que en la Ley de Extinción de Dominio se defina como «actividad ilícita» cualquier acción u omisión que constituya un delito según el ordenamiento jurídico penal. Algunos expertos señalan que esto podría requerir una condena judicial en un caso penal, lo cual es un proceso largo y limitaría significativamente la capacidad de confiscar bienes.
A pesar de las objeciones, la propuesta fue aprobada en la Comisión de Justicia y ahora está pendiente de la decisión del Pleno del Congreso. En la última sesión plenaria, programada para el jueves 21, el proyecto estuvo en la agenda, pero no pudo ser debatido debido a la falta de tiempo.
Recordemos que este proyecto fue presentado el 17 de noviembre del año pasado por el congresista fujimorista Jorge Morante y tuvo respaldo de colegas de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, Héctor Ventura, Juan Carlos Lizarzaburu, Nilza Chacón, Jeny López y César Revilla, también lo respaldaron. Seguidamente fue aprobado por la Comisión de Justicia el 26 de abril y el miércoles pasado 20 de septiembre, el proyecto fue incluido en la agenda del pleno parlamentario del día siguiente gracias a una ampliación acordada por la Junta de Portavoces del Congreso. Sin embargo, no se pudo debatir en esa sesión.
