En Perú, el crecimiento económico está estrechamente vinculado a la reducción de la pobreza. Antes de la pandemia, la tasa de pobreza estaba en un 20%, después de haber alcanzado casi el 60% en 2004. Sin embargo, la pandemia provocó estragos en la economía, y la pobreza aumentó al 30,1%, aunque se redujo al 25,9. % en 2021 con la recuperación económica.
La inestabilidad política y social afectó la confianza de los inversionistas y llevó a 628,000 personas más a caer en la pobreza en 2022. A pesar de tener 46 proyectos mineros en espera con una inversión de $53,100 millones, la inversión privada disminuyó, excepto en proyectos como Quellaveco.
Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que el retraso en la ejecución de 23 de estos proyectos impidió que la pobreza se redujera en un 5% entre 2008 y 2022. Si se hubiera puesto en marcha, el crecimiento económico anual habría aumentado del 3.9% al 4.7%, sacando a 1.7 millones de personas más de la pobreza para 2022.
Asimismo, el retraso en la ejecución de los 23 proyectos mineros se debe principalmente a factores externos a las empresas, como conflictos sociales y procesos burocráticos. Estos proyectos requieren una inversión total de $29,667 millones y han experimentado un retraso de aproximadamente una década, ya que originalmente se programaron para comenzar operaciones entre 2011 y 2013.
De los 23 proyectos, 16 no tienen una fecha clara de inicio de operaciones, lo que refleja la incertidumbre en torno a su ejecución. Algunos de los proyectos retrasados incluyen Conga, Tía María, El Galeno, Magistral, Río Blanco y Huaquira.
La falta de ejecución de estos proyectos ha tenido un alto costo para la economía peruana y la recaudación fiscal, estimándose pérdidas de S/698 mil millones durante el período 2008-2022. Además, se ha evitado la creación de hasta 541 mil empleos anuales durante la fase de producción y hasta 125 mil empleos anuales durante la fase de inversión minera.
La conflictividad social, especialmente entre 2021 y principios de 2023, ha obligado a 11 unidades mineras clave a detener sus operaciones, lo que ha resultado en pérdidas de S/7,000 millones y ha impactado negativamente en el crecimiento económico del país.
Finalmente, el estudio analizó el gasto relacionado con los retrasos derivados de los procesos administrativos que afectan a los proyectos mineros que conlleva una mala gestión.
