Recientemente, el coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Igor Garafulic, emitió un comunicado en el que cuestionó la investigación llevada a cabo por el Congreso de la República hacia los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta situación también fue compartida por Volker Türk, alto comisionado de la ONU, quien afirmó que esta investigación parlamentaria podría afectar la independencia judicial y la separación de poderes.
Frente a esta presión internacional relacionada con una medida tomada por el Parlamento en el ejercicio de sus facultades constitucionales, es evidente que se está produciendo una clara interferencia en asuntos de competencia interna. Por esta razón, han vuelto a surgir voces críticas que cuestionan la adhesión del Perú a los lineamientos de los organismos vinculados al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y a las Naciones Unidas.
Una de estas voces es la del excongresista Fernán Altuve, quien argumentó que existen motivaciones políticas ante los recientes pronunciamientos de funcionarios de la ONU y otras entidades internacionales. Altuve también cuestionó el silencio de estas mismas organizaciones frente a las violaciones de derechos humanos y atrocidades cometidas por otros estados en nuestra región.
Asimismo, señaló que hay un interés evidente de ciertos sectores políticos de izquierda en el país por salvaguardar a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de ser objeto de investigaciones debido a las supuestas irregularidades que han salido a la luz. En consonancia con esta afirmación, el exlegislador denunció que son precisamente estos actores políticos los responsables de movilizar a organismos internacionales, como la ONU, con el objetivo de intervenir en asuntos que van más allá de nuestra soberanía e independencia.
