Dos son las causas principales que llevan a numerosos proyectos locales a fracasar o no llegar a buen término: en primer lugar, porque imitan de manera tosca soluciones que han sido aplicadas en otros países; y, en segundo lugar, debido a que son ideas utópicas y poéticas que únicamente tienen presencia en documentos escritos. Si combinamos estas dos circunstancias, no hace falta poseer una gran imaginación ni ser un experto para anticipar cuáles serán los desenlaces.
Haciendo referencia a quienes respaldan la adopción de un sistema de control social elaborado y extranjero en cuanto a la prevención, supresión y gestión de la criminalidad en entornos urbanos, a pesar de no ser adecuado para nuestra realidad peruana.
¿Populismo?
La cuestión es que se debate y se mantiene en controversia sin haber confirmado previamente y de manera básica si realmente hay disposición política para llevar adelante una propuesta de este tipo; y específicamente, si hay recursos financieros al menos para iniciar una reforma de esta envergadura.
La combinación de estos dos elementos en gran medida justifica por qué la criminalidad y la falta de castigo son predominantes en nuestra sociedad, y afirmaciones de esta naturaleza en realidad ocultan motivos estrictamente políticos.
Código Penal
En primer lugar, se trata del actual Código Penal en nuestro país -puesto en vigencia en 1991- que derogó a su vez el vetusto Código Penal de 1924 que era un esquema que una copia casi textual del Código Penal helvético de fines del siglo XIX. Este código, desde que se promulgó hace 31 años si no me equivoco, a la fecha ha sido modificado hasta en más de 500 oportunidades con fines nada prácticos y menos convincentes.
Código Procesal Penal
La otra norma es el Código Procesal Penal de 2004, que, a pesar de las expectativas iniciales para todos los involucrados, ha sido modificado por razones políticas para beneficiar a acusados de corrupción. Actualmente, un proceso por delitos de corrupción puede llevar entre ocho y diez años para obtener sentencia.
Código de Ejecución Penal
Una paradoja aún más marcada se observa en el Código de Ejecución Penal, el cual al ser examinado da la impresión de pertenecer a un escenario distinto al nuestro. Tanto la rehabilitación, la resocialización, el empleo y la justicia restaurativa se convierten en meros conceptos frente a la dura realidad de las prisiones.
Estos tres códigos son esenciales para el sistema de justicia penal y necesitarían modificarse para implementar el plan propuesto por Nayib Bukele. Esto es una tarea complicada debido a la diversidad de involucrados, como jueces, policías, fiscales, personal penitenciario y legisladores, que aprueban o rechazan cualquier modificación legislativa
Más diferencias
El Perú tiene 34 millones de habitantes en 1,285 millones de metros cuadrados, mientras que El Salvador tiene 6 millones en 21,040 kilómetros cuadrados, en contraste con el país donde se implementa el Plan Bukele.
Un enfoque así exige medidas inmediatas a corto plazo, lo cual empieza con la creación de un sistema penitenciario totalmente nuevo en todo el Perú, ya que la implementación del plan no se limitaría a Lima u otras áreas urbanas. Las leyes son uniformes y aplicables bajo las mismas condiciones para todos los residentes en el territorio. Las prisiones peruanas necesitarían ser modernas, altamente seguras y gestionadas por personal especializado. Se requerirían recursos considerables para asegurar la atención médica, la higiene, la supervisión, la alimentación y el mantenimiento, este último siendo particularmente costoso debido al mantenimiento óptimo de las instalaciones carcelarias.
