El pasado miércoles, la congresista Patricia Chirinos presentó una moción de orden del día que buscará la remoción en la totalidad de sus miembros en relación con el artículo 157 de la Constitución.
La escalada en contra de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) continúa y se trata de una nueva amenazada contra la entidad. Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, se trataría de un caso que encaja en los términos de «hostigamiento institucional». Mencionó el secretario general que es una situación donde la entidad pública y sus funcionarios reciben frecuentemente amenazas, restricciones, limitaciones, descalificaciones y deslegitimaciones de su misión institucional. “Un debilitamiento o la neutralización del accionar de la entidad hostigada”, añadió.
Señaló que estas acciones de hostigamiento favorecen os intereses de los hostigadores ya que utilizan medios formales (normas, acciones legales, recursos administrativos) o informales (discursos), tanto directos como indirectos. «Por ejemplo, miembros del Congreso pueden usar las vías que les ofrece la ley para fiscalizar como un mecanismo para presionar o amenazar, sin fundamento, a funcionarios de otra entidad. Cuando esto ocurre de forma sistemática (varios actores a la vez), el efecto es mayor. Lo que está ocurriendo con la Junta Nacional de Justicia encaja en esta figura”, advirtió.
Lanegra hizo mención, además, que la JNJ tiene un papel central en la conformación del Poder Judicial del Ministerio Público, Reniec y ONPE, sin embargo, “mostrando bastante independencia en sus decisiones”.
“Si esto entra en conflicto con los intereses de entidades políticas con mucho poder, estas pueden reaccionar hostigando a la JNJ, buscando una conformación de sus integrantes más afín a sus intereses. Este tipo de conductas son muy habituales en los regímenes autoritarios y en los regímenes híbridos que permiten elecciones, pero bajo condiciones que favorecen al poder dominante”, señaló
Por otro lado, al referirse al caso de la congresista Chirinos, menciona que la figura a la que quiere incurrir la parlamentaria no es sencilla, porque el mismo artículo menciona que la moción hace referencia que se necesita una mayoría calificada, es decir, 87 votos. Sin ello, la moción tendría que ser aceptada en debate y, consecuentemente, derivada a la Comisión de Justicia.
“De la información que se desprende del mensaje de la congresista, esta moción para remover a la JNJ no tiene ni pies ni cabeza. Es un amedrentamiento político. Pienso que la JNJ puede haber cometido algunos errores, como exhortar al Congreso a que tome una decisión sobre un caso concreto, como el de Zoraida Ávalos, pero en ningún caso eso habilita una destitución de todo su Pleno que tiene cinco años de funciones, según mandato legal y además que es un órgano elegido de forma meritocrática por las más altas autoridades del Estado”, explicó por su parte el abogado constitucionalista Diego Pomareda.
