El agravamiento de la crisis política y el auge del crimen organizado están pasando factura a los periodistas en Ecuador. Cuando se acerca la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el próximo 20 de agosto, Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide a las autoridades que hagan todo lo posible para garantizar el derecho a la información y para proteger a los profesionales de la información.
El pasado 9 de agosto fue asesinado a la salida de un mitin Fernando Villavicencio, periodista y uno de los candidatos a las elecciones presidenciales. Este crimen captó la atención internacional sobre la envergadura de la crisis política e institucional que atraviesa Ecuador. Sólo unos días más tarde, Pedro Briones, un dirigente de Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, también perdió la vida en otro tiroteo. Este clima, que no hace sino confirmar el creciente poder del crimen organizado, también pesa sobre los periodistas.
La presencia de «Grupos de Delincuencia Organizada» (GDO), bandas mafiosas que cooperan con los carteles de la droga mexicanos, colombianos y albaneses, ejerce una presión constante sobre quienes investigan la corrupción y el narcotráfico, especialmente en las provincias costeras y fronterizas de Esmeraldas y El Oro. En este contexto, muchos periodistas se autocensuran, según los testimonios recabados por RSF bajo condición de anonimato.
Los periodistas también sufren de lleno la progresiva hostilidad de la clase política, en el contexto de creciente inestabilidad de los últimos meses. Los ecuatorianos acuden a las urnas este domingo 20 de agosto, después de que el presidente saliente, Guillermo Lasso, disolviera en mayo la Asamblea, que amenazaba con destituirle. El pasado 21 de julio, Luisa González, la candidata presidencial apoyada por el ex presidente Rafael Correa, que durante mucho tiempo lideró las encuestas, dedicó ataques a la prensa en Oromar Televisión, donde calificó a algunos medios de «traficantes de información», «sicarios vendidos para destruir reputaciones”, y «pseudoperiodistas».
“La violencia política es un factor elemental en la intimidación a la prensa. Desde principios de año, se han disparado los testimonios alarmantes y las peticiones de ayuda por parte de reporteros ecuatorianos. Algunos de ellos intentan trasladarse a otras ciudades o exiliarse a causa de las amenazas de muerte. Los periodistas trabajan en un clima de creciente inseguridad y hostilidad. Sin embargo, la actual crisis institucional y las próximas elecciones exigen más que nunca que se garantice el derecho a una información fiable. Las autoridades deben comprometerse a hacer todo lo que esté en su mano para garantizar la seguridad de los periodistas, con el fin de preservar el derecho a la información.
Artur Romeu
Director de la Oficina de RSF en América Latina
Los periodistas de investigación son un blanco predilecto de las intimidaciones. El 14 de febrero, el presidente saliente, Guillermo Lasso, amenazó a los periodistas del medio independiente digital La Posta, durante un discurso que pronunció en la televisión nacional. Los reporteros, a los que calificó de «mercenarios del espectáculo», habían publicado en enero la investigación «El Gran Padrino«, en la que revelaban presuntos casos de corrupción y narcotráfico en los que estaban implicados funcionarios del gobierno y el cuñado del presidente. Lasso aseguró que los periodistas habían atentado contra su integridad y la de su familia. Mientras golpeaba la mesa con el puño, afirmó ante las cámaras que los «quince minutos de gloria» de los periodistas se habían terminado y que «lucharía contra quienes quieren violar la libertad de expresión».
A finales de julio, los periodistas de La Posta Andersson Boscán y su esposa, Mónica Velásquez, huyeron del país ante la magnitud que estaban alcanzando las amenazas por parte de políticos y del crimen organizado. Desde principios de año, al menos cuatro periodistas y colaboradores han tenido que abandonar el país debido a las presiones.
Ecuador ha perdido 12 puestos en la Clasificación de la Libertad de Prensa de RSF 2023, respecto a la de 2022, pasando de la posición 68 a la 80, de los 180 países analizados. El mayor retroceso se registró en el indicador de seguridad, como consecuencia de los asesinatos de los periodistas Mike Cabrera, Gerardo Delgado y César Vivanco.