Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, informó a través de un comunicado publicado el pasado 11 de agosto que tiene previsto llevar a cabo una última reunión este lunes 14 con los delegados de la compañía Rutas de Lima, que incluye al fondo de inversión canadiense Brookfield.
La reunión tiene como objetivo obtener opinión sobre la propuesta económica que les llegó por parte de la comuna capitalina, con el propósito de que dejen los peajes que administran.
Durante el fin de semana, López Aliaga reiteró que el diálogo ha durado dos semanas a petición del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras Miranda, con el fin de evitar problemas políticos o económicos. Se está siguiendo la fórmula contractual, mejorada, y se subrayó que las negociaciones fueron en contra de su voluntad, utilizando recursos municipales. En caso de no encontrar una solución beneficiosa, el alcalde plantea recurrir a medidas legales, incluyendo acciones penales, constitucionales y civiles, para anular el contrato y recuperar el control de los peajes para la alcaldía. Sin embargo, no se requieren detalles sobre la estrategia que se aplicará en los próximos días.
Sobre este asunto, el ministro Alex Contreras Miranda aclaró que su departamento no tiene la intención de otorgar financiamiento a la Municipalidad de Lima para cubrir la compensación a Rutas de Lima. Destacó que su entidad ha buscado facilitar la comunicación entre las partes y que el objetivo es garantizar el cumplimiento del contrato, a fin de no dañar la reputación del país. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está preocupado por evitar la creación de una solución y un precedente perjudicial al margen de los acuerdos contractuales.
Información a considerar:
El ministro de Economía, Alex Contreras Miranda, dijo que la Municipalidad de Lima tendría que endeudarse para poder cumplir con la oferta económica que le ha hecho llegar a Rutas de Lima.
Por último, enfatizó que su sector apoya los contratos. Recordó que ya hay un arbitraje que perdió la gestión anterior de la comuna capitalina, que le va a costar alrededor de US$200 millones al Estado.
