El tema de cuestión de confianza quedó zanjado luego de que el Tribunal Constitucional declarara fundada la demanda competencial planteada por el Poder Legislativo contra el Poder Ejecutivo el año pasado durante el Gobierno de Pedro Castillo.
Como se recuerda, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, presentó ante el Pleno del Congreso una cuestión de confianza para derogar la Ley 31399, que impedía ir a un referéndum de manera directa para cambiar la Constitución. Ante ello, la Mesa Directiva declaró inadmisible la cuestión de confianza y la rechazó de plano.
Aníbal Torres, en ese momento, consideró que la confianza fue denegada y decidió renunciar al cargo en un intento por dejar expedita la vía para el cierre del Congreso de la República. El precedente que habría encontrado Torres para esa medida fue la disolución del Congreso en 2019, cuando Martín Vizcarra, presidente de la República en ese año, interpretó que el Parlamento le negó fácticamente la cuestión de confianza que planteó el entonces premier Salvador del Solar. El TC le dio la razón a Vizcarra en ese momento.
Ante ese hecho, el TC de Ahora determinó que “el Poder Ejecutivo solo puede plantear cuestión de confianza respecto de sus propias competencias, sin que estas puedan interpretarse de manera extensiva”.
Asimismo, el TC señaló que el Ejecutivo “en ningún supuesto se encuentra habilitado para asumir que ha existido una denegatoria fáctica, la cual es contraria a la Constitución”. Además, declaró nulo el acuerdo del Consejo de Ministros del 24 de noviembre de 2022, en la que se acordó interpretar que el “rechazo de plano” es igual a la denegatoria o rehusamiento de la confianza.
Capítulo Cerrado
Óscar Urviola, expresidente del TC, en diálogo con Perú 21, indicó que “se cierra esa situación que estaba perturbando las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo”. Explicó que fue un “golpe de estado” el cierre del Congreso de 2019 y que el TC de entonces “abdicó de la labor que tiene de hacer respetar, por encima de cualquier situación política, el irrestricto respeto al orden constitucional”.
Asimismo, Ernesto Álvarez, también expresidente del TC, consideró que el fallo “ha puesto las cosas en su lugar” y que tanto Martín Vizcarra, como los exministros que avalaron esas posiciones pueden ser acusados constitucionalmente.
