El informe Brereton vinculó a 25 efectivos del Servicio Aéreo Especial australiano con la ejecución ilegal de 39 civiles en Afganistán entre 2005 y 2016.
En una audiencia ante el Senado este miércoles, el general Angus Campbell, jefe de la Fuerza de Defensa Australiana (FDA), reveló que en el 2021 recibió una carta del agregado de Defensa de Estados Unidos en Canberra. En la carta, se le advertía que Washington podría suspender la cooperación militar con el Comando de Operaciones Especiales o el regimiento del Servicio Aéreo Especial (SAS) debido a los hallazgos del informe Brereton. Dicho informe señalaba que miembros de estas unidades estaban implicados en la ejecución ilegal de 39 civiles en Afganistán entre los años 2005 y 2016.
Campbell mencionó que la carta recibida señalaba que el informe Brereton «podría desencadenar la consideración de la ley Leahy en relación a la colaboración entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos» y la unidad de fuerzas especiales australianas. Esta ley está relacionada con la restricción de la asistencia militar y la capacitación a unidades extranjeras que se hayan visto implicadas en violaciones de derechos humanos. En el caso específico, 25 miembros de las fuerzas especiales australianas fueron vinculados a los crímenes de guerra cometidos en Afganistán.
La ley Leahy establece que el Gobierno de Estados Unidos no puede utilizar fondos para brindar ayuda o asistencia a fuerzas de seguridad extranjeras si existen pruebas creíbles de que están involucradas en graves violaciones de los derechos humanos. Esta ley busca garantizar que la colaboración militar y la asistencia financiera no respalden a unidades o individuos implicados en abusos contra los derechos humanos.
Según el jefe de la Fuerza de Defensa Australiana (FDA), las fuerzas especiales de Australia no pudieron cooperar con su principal aliado a partir de marzo de 2021, después de recibir la carta mencionada. Esta restricción se mantuvo hasta marzo de 2022, cuando se consideró que el problema había sido resuelto. El jefe de la FDA ha asegurado que en la actualidad las fuerzas especiales australianas pueden operar con las fuerzas estadounidenses y que no están sujetas a ninguna restricción relacionada con la ley Leahy. Esto implica que la cooperación militar entre ambos países ha sido restablecida y no existen obstáculos legales para ello.
Además, en relación a las declaraciones del general Angus Campbell, se reveló que se realizaron «arreglos de empleo» a un miembro del Ejército con el objetivo de abordar la situación y tener en cuenta las posibles implicaciones de la ley Leahy. La senadora Jacqui Lambie ha expresado su desaprobación, calificando de «atroz» el hecho de que la Fuerza de Defensa Australiana considerara una ley estadounidense para tomar medidas contra soldados australianos. La senadora Lambie ha manifestado su preocupación por el uso de una ley extranjera en relación con el personal militar de Australia y ha cuestionado la autonomía y la capacidad de decisión de las fuerzas armadas del país.
