La denuncia que presentó la Fiscalía de la Nación en contra de los cuatro congresistas de Acción Popular que fueron blindados por Perú Libre y sus satélites de izquierda el jueves pasado, aún sigue pendiente de revisión en la Subcomisión de Cargos Constitucionales (SAC).
A diferencia de la primera acusación, esta nueva se sustenta en una serie de declaraciones testimoniales que no solo dan fe de las visitas de Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Elvis Vergara y Jorge Flores al edificio de gobierno, sino que establecen la conexión entre el «brazo congresal» con el expresidente Pedro Castillo en supuestos negocios turbios.
Allí se describen las operaciones que habrían efectuado los legisladores en los ministerios de Vivienda y de Transportes, así como su flexible acceso a obras por impedir que Castillo sea vacado y, además, el privilegio de colocar a sus allegados en entidades del Estado.
También rindió cuentas por delitos que incluyen organización criminal y tráfico de influencias. Sin embargo, la Subcomisión aún no ha evaluado esta denuncia porque está a la espera de que su equipo técnico culmine el informe de calificación, que determinará si se inician o no las investigaciones.
Al respecto, fuentes de este colectivo informan a Correo que este trabajo será presentado la próxima semana.
La titular de la subcomisión, la congresista Lady Camones, aseguró de inmediato que la nueva denuncia contiene nuevos detalles que fortalecen las acusaciones del caso. Añadió que esta incluye un informe clasificado que nombra a otras personas en aparentes acciones ilegales además de los cuatro legisladores.
“Son más de 32 mil folios que tiene esta denuncia y que está referida a hechos nuevos y que hay más gente involucrada. No necesariamente congresistas, pero hay mucha información relevante y en su momento se tendrá que evaluar”, manifestó en diálogo con RPP.
Por otro lado, el penalista Andy Carrión fue el que refirió que esta nueva denuncia se fundamenta en puntos concretos sobre los delitos de tráfico de influencias y organización criminal.
“La denuncia de la Fiscalía no se concentra únicamente en los votos que impidieron la vacancia de Pedro Castillo sino en obras concretas en el Ministerio de Vivienda y de Transportes, y la mención de empresarios individualizados a los que supuestamente habrían favorecido con el tráfico de influencias”, dijo.
Cabe resaltar que sobre ese delito la Fiscalía ha apuntado a que los investigados ejercieron gestiones para influir en la contratación de empresas vinculadas a los hermanos Aguilar Quispe y otras firmas chinas consorciadas para obtener beneficios económicos.
