El magistrado señala que así sea un alto funcionario, si se determina que se ha cometido un delito y es sentenciado, este no obtendrá beneficios penitenciarios.
El juez Manuel Esturado Luján Túpez, integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, afirmo que el 60% de los procesos por delitos de corrupción que involucran a altos funcionarios, son por delitos de tráfico de influencias y cohecho (soborno).
“Los delitos cometidos por altos funcionarios, aquellos que ocupan los más altos cargos en el Estado, vinculados a corrupción en la administración pública, en mayor frecuencia se refieren a tráfico de influencias y a cohecho, aproximadamente el 60%del grupo de los delitos en trámite, los involucran”, expresó.
El juez Luján explicó que el tráfico de influencias es un delito que puede cometerlo un alto funcionario, así como cualquier ciudadano “en que se ofrece hacer, tramitar o conseguir un resultado en la administración pública, a cambio de algo, dinero u otro beneficio particular”.
Asimismo, señaló que el delito lo comete la persona que tiene capacidad de ejecutar lo que ha ofrecido; por ejemplo, un ministro que le ofrece a un proveedor un contrato, en ese caso se estaría dando tráfico de influencia real. En cambio, si el delito lo hace un amigo o conocido del ministro, esa persona no tiene el poder de concretarlo, por lo que sería tráfico simulado o fraudulento.
Respecto al delito de cohecho o soborno, indicó que es “cuando una persona paga para que otra realice o deje de realizar algún acto que le corresponde”.
Luján Túpez, también comentó que la pena para cualquier funcionario, sin importar el rango que tenga, puede ser hasta de diez años de cárcel por el delito de soborno o cohecho, y por tráfico de influencias hasta ocho años. Agregó, que no se les otorga ningún beneficio penitenciario.
