El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, anunció que la gestión dispuso dar seis meses para que los extranjeros que ingresaron de forma irregular al país rectifiquen su situación ante las autoridades peruanas.
Por ello, a fin que el Estado cuente con información sobre la identidad de estas personas y su propósito en el país, se deberá de proceder con la documentación reglamentaria.
De lo contrario, el gobierno tomará “las medidas que correspondan”, entre ellas, su expulsión del territorio peruano.
“También se ha publicado otro decreto en que se da un plazo de seis meses para que aquellos extranjeros que han ingresado irregularmente al país vengan a las dependencias del Estado y registren sus diez huellas. Queremos saber quiénes son, cuántos son, dónde viven, cuál es su correo electrónico, cuál es su teléfono porque, sino no van a poder continuar en el país de manera legal”, señaló Otárola.
El premier indicó que en el Perú existen un millón 500 mil venezolanos y que, si bien son conscientes que la “inmensa mayoría está haciendo un trabajo leal, honrado, contribuyendo a la economía del país”, existe un “importante sector” de personas que “está cometiendo delito en el país”.
“A ellos nos dirigimos y a ellos les decimos que, si no regularizan su situación no solamente migratoria, sino la situación de las actividades que tienen en el Perú, pues se van a tomar las medidas que correspondan, incluida la expulsión del país”, precisó.
Otárola Peñaranda ratificó la decisión del Gobierno de denegar el ingreso a “ciudadanos que no estén debidamente registrados y autorizados”.
Asimismo, se refirió a las acciones emprendidas por el vecino país de Chile, pero aclaró que la situación crítica registrada en el sur de la región de Tacna “no afecta” las relaciones diplomáticas entre Perú y Chile, sino que obliga a ambas naciones “a cooperar”.
Además, pidió al presidente chileno, Gabriel Boric, y a otros mandatarios que solucionen sus problemas, y “no los tiren hacia otro país”.
