La presidenta de la Corte Superior de Lima Este, Rose Mary Parra Rivera, señaló que los congresistas que presuntamente cobraban cupos a los trabajadores de su despacho podrían ir a prisión hasta por ocho años como máximo.
“La Ley no hace una precisión de que la pena se agrava si el que comete el delito de concusión es un alto o mediano funcionario”, afirmó la jueza superior.
Durante las últimas semanas se conoció que distintos parlamentarios cobraban un cupo a sus trabajadores, entre ellos, la parlamentaria de Alianza para el Progreso, Rosio Torres, quien presuntamente obtenía beneficios a través de su sobrino.
Parra Rivera reveló que el Estado cuenta con una serie de medidas para proteger a los trabajadores que por temor a una futura represalia o despido no denuncian este tipo de hechos.
Además, indicó que las entidades del Estado cuentan con políticas antisobornos o políticas anticorrupción para que el trabajador pueda presentar sus denuncias anónimas o encubiertas.
En el caso de la Corte de Lima Este, la cual preside, reveló que en sus políticas antisoborno se ha implementado un subsistema donde las denuncias son anónimas.
Por otro lado, la magistrada reveló que desde el 30 de enero de este año se han endurecido las sanciones, la cual acarrea responsabilidades penales contra los funcionarios del área de Recursos Humanos que contratan a personal que no cumplen con el perfil solicitado.
