Maritza Garrido Lecca, sentenciada por terrorismo, no termina de pagar la reparación civil que le debe al Estado peruano por su vinculación con Sendero Luminoso del genocida, Abimael Guzmán, y abandonó el país el 3 de julio del año pasado. Además, no ha regresado del territorio argentino, según El Comercio.
Tras ser excarcelada en 2017, la bailarina realizó su primer viaje en el 2018 cuando estuvo por Chile entre el 31 de mayo al 5 de junio, luego en 2019 a Colombia desde el 4 al 15 de octubre, dos años después voló a España donde estuvo entre el 11 de agosto hasta el 20 de octubre y, el último de los viajes, fue en 2021 donde viajó a Argentina entre el 9 al 17 de diciembre. Además, aún debe 40 mil soles de la reparación civil a favor del Estado peruano por sus nexos con el terrorismo en el pasado.
Garrido Lecca salió libre, y sin ningún tipo de restricción, el 11 de setiembre del 2017 del penal de Piedras Gordas para trasladarse a Casma, Áncash, pero no estuvo mucho tiempo porque la declararon persona no grata. Entonces, se instaló en una casa de Piura que consignó como domicilio procesal.
¿Por qué la condenaron?
Maritza Garrido Lecca fue sentenciada a cadena perpetua por haber albergado en su casa de Surquillo a Abimael Guzmán, quien fue capturado por los integrantes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) el 12 de setiembre de 1992. Tras la decisión judicial, terminó recluida en el penal Putumayo, Puno.
Sin embargo, la condena de la bailarina sería anulada en 2002, pero fue procesada hasta que le impusieron 20 años de prisión por terrorismo en 2005. No obstante, le aumentaron a 25 años que cumplió en el penal de Mujeres del distrito de Chorrillos.
Fuga de Martha Huatay
La excabecilla de Sendero Luminoso estaría desde junio del año pasado en Argentina, a donde huyó del inminente pedido de prisión preventiva por nueve meses que la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo iba a solicitar en su contra.
Según el diario El Comercio, el Ministerio Público sustentará este jueves desde las nueve de la mañana su solicitud contra Huatay ante la jueza Soledad Barrueto, titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Debido a ello, se ha pedido la pena de cadena perpetua por lo ocurrido en el distrito limeño de Miraflores hace treinta años, exactamente un 16 de julio de 1992, cuando 25 personas perdieron la vida.
