El Séptimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Ministerio de Salud (MINSA) y al Seguro Social de Salud (EsSalud), realizar el pedido de Ana Estrada con respecto a la eutanasia (acabar con su vida), no obstante, este veredicto ha sido seria y numerosamente reprochado y rechazado por los internautas.
Como es de conocimiento público, las condiciones limitantes padecidas por la Sra. Estrada causaron que ella observara la posibilidad de acabar con su vida. Asimismo, diferentes organismos como la Defensoría del Pueblo salieron a felicitar esta cuestión: «Destacamos decisión del @Poder_Judicial_ que ordena ejecutar fallo que reconoce derecho de @anaestradau a una #MuerteDigna. Corresponde a @EsSaludPeru y @Minsa_Peru realizar y validar el protocolo, respectivamente, en el menor tiempo posible».
Sin embargo, numerosos internautas reprocharon estas palabras y dieron su punto de vista: «La vida te la da Dios y solo él te la puede quitar. Con ustedes la nefasta #Agenda2030 que destruye los valores y a la familia. La defensoría #Progre no representa para nada a la sociedad peruana. Señores jueces no jueguen a ser Dios. La justicia divina está por encima de todos», dijo la cuenta ‘EL PATRIOTA‘.
Asimismo, otro internauta mencionó: «Uds porque no van y aplican la inyección letal, y no simplemente sugieren que algún médico los haga por órdenes superiores. El Perú no quiere su agenda progresista que avala y promueve la muerte, el odio y la miseria».
«Van a obligar a un doctor a quebrar su juramento hipocrático o algún familiar de la señora será el encargado de desconectarla o inyectarle algo? Quizás empiece un nuevo negocio, escuela de verdugos«, aseveró otra persona.
Incluso el actual alcalde de Lima, el señor Rafael López Aliaga, se manifestó, en su momento, en relación a este caso mostrando su total rechazo a esta medida en la que dijo: “Si una persona se quiere matar, es libre. (…) Si te quieres matar, buscas un edificio y te tiras, para qué buscas que el Estado se entrometa”
Finalmente, parece ser que gran parte de la opinión pública mantiene una firme postura democrática en rechazo a este tipo de medidas y/o procedimientos.
